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Este próximo día 21 de junio, a partir de las 12.30 horas, marcha por Pº Castellana, desde Plaza de Lima hasta el Ministerio de industría, energía y turismo.
El próximo sábado, día 21 de junio, miles de productores fotovoltaicos, venidos de todas las Comunidades Autónomas de España, se manifestarán en Madrid, en contra del nuevo marco regulatorio impuesto y retroactivo que arruina al colectivo y destruye al sector renovable.
La marcha se iniciará a las 12:30 horas y discurrirá por el Pº de la Castellana, entre las plazas de Lima y Cuzco, los asistentes se concentrarán frente al Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Esta manifestación, convocada por ANPIER, cuenta con el apoyo de numerosos colectivos sociales, sectoriales, partidos políticos y empresas: PSOE, IU, EQUO, COMPROMIS, ICV, CIUTADANAS, PSC, ERC, BNG, AGE, ATEVAL, IU-IVC, CHUNTA ARAGONESISTA, GREENPEACE, UNEF, APPA FOTOVOLTAICA, PLATAFORMA NUEVO MODELO ENERGÉTICO, COAG, UNIÓ DE PAGESOS. Están previstas nuevas adhesiones en las próximas horas.
El Gobierno español ha aprobado un nuevo marco normativo para las renovables, que altera de manera retroactiva las condiciones que el Estado propuso para que los ciudadanos colaboraran con sus ahorros a la construcción de un nuevo modelo energético sostenible y socialmente responsable. Una vez puestas en marcha las plantas de generación, y con los patrimonios de estas familias hipotecados, se deroga el sistema de apoyos que se acordó, para imponer un mecanismo de supuesta â€Å“rentabilidad razonable†que, en la práctica, supone recortes del hasta el 50% de los retornos que garantizaba el Estado, con lo que resultan inviables la mayor parte de las instalaciones.
El acoso que sufren las renovables y las familias productoras, solo se puede comprender si analizamos las motivaciones últimas y los intereses que presiden el nuevo escenario energético que nos quieren imponer: favorecer las tecnologías fósiles y la generación nuclear: peligrosas, contaminantes y controladas por un reducido grupo de empresas; y expulsar del sistema energético a las fuentes renovables, percibidas como una competencia que les priva de sus ingresos; y todo a pesar de que las renovables democratizan el acceso a la energía y de que sus bondades medioambientales, geopolíticas y económicas son evidentes para todo aquel que no se conforme con escuchar el sesgado discurso oficial, que afirma que son gravosas para la sociedad; pero si se hace un cálculo honesto y se computan todos los costes y los ahorros que aportan al bajar el precio de la luz en el mercado mayorista de la energía, son absolutamente rentables para el conjunto de la sociedad española en el plano meramente económico, sin entrar en que, además, no generan contaminación ni patologías asociadas y ni supone asumir el riesgo de algún tipo de catástrofe.
En España un entorno absolutamente privilegiado para la generación de energía solar, 62.000 familias producen energía fotovoltaica, con 4.300 Mw limpios instalados y a disposición de la sociedad española, sin contrapartidas peligrosas ni costes oscuros que soportar en las facturas. Las renovables en general, y la fotovoltaica en particular, representaban una oportunidad única para impulsar nuestro tejido productivo, pero su proyección ha sido cercenada por la nueva normativa estatal que, además de entorpecer el desarrollo de estas modalidades productivas, defenestra la viabilidad de las instalaciones que ya estaban en funcionamiento.
Para el Presidente de Anpier, Miguel Ángel Martínez-Aroca, "Lo más sorprendente es, que una normativa trascendental como la energética, que condiciona competitividad y bienestar, se haya impuesto sin ningún tipo de consenso sectorial, social, político ni territorial, ni siquiera hay acuerdo dentro del propio Partido Popular, puesto que dos Comunidades Autónomas gobernadas por este partido -Región de Murcia y Extremadura- han presentado sendos recursos de inconstitucionalidad frente a este nuevo dislate normativo, que no va a solucionar ninguno de los males del sistema, más bien al contrario, será una oportunidad perdida de reactivar la senda del crecimiento económico sobre la base esencial de un sistema energético de futuro, que deje de favorecer a unos pocos para aportar prosperidad, sin riesgo, al conjunto de la sociedad".
Martínez-Aroca ha asegurado que "El día 21 de junio, miles de españoles exigiremos responsabilidad a las personas que toman estas decisiones, porque, a la vuelta de unos años, ellos estarán en otros lugares y las consecuencias tendrán que soportarlas los ciudadanos, puesto que una política energética errónea no se corrige de la noche a la mañana y España se ha puesto a circular en sentido contrario de la marcha que llevan los países de referencia, como EEUU o Alemania"
La aprobación del Real Decreto 413 que regula a las renovables se enfrentará a las miles de demandas del colectivo, formado por 62.000 familias que no han hecho otra cosa que aceptar una propuesta del Estado, que les impulsó al desarrollo y generación de energía solar fotovoltaica y ahora no quiere asumir los compromisos adquiridos con sus ciudadanos.
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