El Gobierno y el Rey median con inversores árabes mientras ignoran a las 62.000 familias españolas.

Anpier, la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica, está realizando Asambleas en todas las provincias de España para informar a las 62.000 familias que forman este colectivo de afectados de las consecuencias reales que se derivan del nuevo marco regulatorio impuesto por el Gobierno al sector fotovoltaico español y que, en la práctica, dinamita cualquier atisbo de seguridad jurídica y, con él, las condiciones pactadas entre el Estado y estos ciudadanos para el desarrollo y generación de energía solar.

Los productores españoles de Anpier expresan su malestar e indignación por el desdén mostrado por el Gobierno español, que no ha querido ni siquiera recibir al sector fotovoltaico español y desprecia a las 62.000 familias productoras, tras derogarles con carácter retroactivo el marco que el propio Estado había establecido, mientras que no escatima esfuerzos en dar explicaciones y mediar con los inversores foráneos que, por otra parte, han tenido la posibilidad de acudir a los tribunales de arbitraje internacional, convirtiendo a España, con ocho demandas, en el país con más demandas internacionales por violaciones de la Carta de la Energía, doblando al segundo en número de ellas: Kazajastán. Sin embargo, los productores españoles deben agotar la jurisdicción nacional antes de poder solicitar justicia en las instancias internacionales, en este caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

El Ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, ya se desplazó a EE.UU. para mediar con los fondos internacionales[i]  y ahora viaja, junto con el propio Rey, a los Emiratos Árabes, dónde han mediado con inversores de la zona[ii]. El Monarca tampoco ha atendido ninguna de las solicitudes de encuentro con sus súbditos productores de energía fotovoltaica; pero sí parece muy implicado en la materia cuando se ha tratado de atender a los inversores extranjeros.

Frente a esta intolerable situación de bloqueo, Anpier ha celebrado 10 de las 30 primeras asambleas de productores afectados (http://anpier.org/actividades/jornadas-anpier) y, en todas ellas, el aforo previsto fue ampliamente superado; han sido más de 2.000 los productores que han acudido a estos encuentros: ciudadanos en situaciones de tesorería dramáticas por el interminable rosario de decretos retroactivos que impiden afrontar los compromisos de pago que fueron adquiridos con los bancos, siguiendo las sugerencias financieras propuestas por el propio Ministerio de Industria, que aconsejaba financiar el 80% del coste de las instalaciones. Ahora, la sucesión de recortes retroactivos impuestos por el mismo Ministerio, que promovió dichas instalaciones, supone un recorte de los ingresos acordados de hasta el 50% y la imposibilidad de afrontar los compromisos adquiridos frente a la banca.

La secuencia de recortes ha sido:

1. Limitaciones al cobro de la tarifa regulada establecidas por el RD 1565/2010, que reduce drásticamente los años con derecho prima de manera retroactiva.
2. Limitaciones al cobro de la tarifa regulada establecidas por el RDL 14/2010 y la Ley de Economía Sostenible, que reduce las horas primadas de manera retroactiva, la mayoría de las plantas alcanzan este límite en el mes de agosto.
3. Imposición de un impuesto del 7% a la producción de energía establecido por la Ley 15/2012, y que este colectivo no puede repercutir como el resto de sujetos pasivos de esta nueva carga impositiva.
4. No actualización de las retribuciones correspondientes a las tarifas reguladas y el IPC General (RDL 2/2013).
5. Nuevo marco legal del RDL 9/2013 que establece una supuesta pero falaz remuneración razonable, que en la práctica supondrá la quiebra de la mayoría de las instalaciones.
6. Imposición de soportar Déficit de tarifa a las familias del sector en igualdad con los grandes operadores nacionales (Ley 24/2013), en la primera liquidación correspondiente a enero los productores han percibido, en marzo, el 25% de la cantidad que les correspondía.
7. A estos recortes hay que añadir los elevados costes financieros que han supuesto las sucesivas refinanciaciones con la banca, que ha ido elevando los tipos de interés y condiciones al percibir los riesgos regulatorios.

Una actividad normativa que fue acompañada de una intensa labor propagandística para legitimar ante la sociedad el atropello de los derechos de estas familias y la construcción de un nuevo marco energético que sólo beneficia a unas pocas empresas, países y personas.

Anpier considera que este Gobierno ha decidido blindar un mercado de 50 millones de clientes cautivos para el lucro de los monopolios del sector energético, para lo cual expulsa a los pequeños productores e impide el acceso del ciudadano a esta actividad productiva, que sólo es accesible a través de la generación fotovoltaica, dado su carácter modular y asequible.

El Presidente de Anpier, Miguel Ángel Martínez-Aroca, ha advertido que “Las familias fotovoltaicas españolas se han conjurado al amparo de Anpier, para defender en la calle, las urnas y los tribunales sus legítimos derechos y su dignidad como ciudadanos y personas”.

El próximo día 21 de junio, tendrá lugar una gran movilización en Madrid, que servirá para canalizar el esfuerzo de este colectivo por expulsar a través de las urnas al Gobierno responsable de la situación de injusticia y ruina que padecen, que entienden que será reparada, finalmente, por los tribunales de justicia española o europea.