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ANPIER considera inaudito que el ministro Soria desacredite públicamente el dictamen de la CNE.

11-9-13
Carlos Mateu
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ANPIER considera inaudito que el ministro Soria desacredite públicamente el dictamen de la CNE.
La CNE se ha posicionado en contra del tratamiento que el Gobierno pretende dar a los fotovoltaicos y advierte de resultados negativos en las inversiones.

Un gobierno que regula “manu militari” lo contrario de lo que manifesto en sede parlamentaria en la oposición y en contra de las advertencias del regulador sectorial, queda bajo sospecha.

Anpier, la asociación nacional de productores de energía fotovoltaica, considera muy certeras muchas de las valoraciones que realiza la Comisión Nacional de la Energía sobre el texto de reforma del sector eléctrico (Informe 18/2013 de la CNE sobre la propuesta de Real Decreto por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos). La CNE advierte sobre el riesgo de resultados negativos para los productores de energías renovables y lamenta la precipitación, singularidad y falta de transparencia del proceso.

El órgano regulador del sector energético lamenta que, con el trámite de urgencia con el que se plantea la consulta, “no se garantiza la participación efectiva de los distintos agentes involucrados. Máxime, cuando se solicita informe sobre una nueva metodología de retribución, que afecta tanto a instalaciones nuevas como a existentes, sin conocer el valor de los parámetros que dotarán de sentido económico dicha metodología, que resulta por otra parte compleja. Asimismo, la memoria que acompaña a la propuesta es muy escueta y no aporta justificación para gran parte de los cambios introducidos”.

La Comisión Nacional de la Energía, se ve obligada a recordar al Ministerio lo obvio: “la razón de ser de la existencia de los incentivos económicos a la producción a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos es corregir uno de los llamados “fallos de mercado” en el sentido de compensar los costes ambientales, sociales y de suministro a largo plazo que otras formas de generación no internalizan por completo, para así definir un terreno de juego equilibrado y conseguir un desarrollo energético económica y medioambientalmente sostenible que cumpla además con los objetivos previstos en la planificación y con los compromisos adquiridos con la Unión Europea” y subraya que “no se tiene constancia de que exista un modelo retributivo similar al reflejado en la propuesta en ninguna jurisdicción de la Unión Europea, así como tampoco en otros países de cuyos sistemas de apoyo se tiene conocimiento a través de asociaciones internacionales de organismos reguladores”

Por otra parte, advierte la CNE que “en la formulación adoptada por la propuesta, el término de retribución a la inversión puede alcanzar valores negativos. La posibilidad de una retribución negativa podría considerarse incompatible con el diseño de un régimen retributivo específico que persigue fomentar este tipo de producción complementando los ingresos obtenidos de la venta de energía en el mercado”

ANPIER entiende que lo más grave de la situación es que para escarnio del sector, el Ministro con sus declaraciones públicas al Informe de la CNE está vaciando de contenido y por tanto incumpliendo la propia Ley que ha dictado (RDL 9/2013), al decir que “no prestará ninguna atención al informe de la Comisión Nacional de la Energía”, puesto que el carácter de preceptivo de la misma, le exige prestarle atención a dicho informe, sino quiere incidir en un evidente fraude de ley.

Miguel Ángel Martínez-Aroca, presidente de Anpier considera que “un Gobierno que legisla manu militari lo contrario de lo que predicó hace veinte meses en la oposición, en contra de todo el marco parlamentario, en contra del regulador sectorial, en contra del sector y en contra de los consumidores, queda bajo sospecha”

Anpier considera alarmante la deriva del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, que da la espalda al sector y la sociedad y busca el dictamen favorable a sus tesis en consultoras seleccionadas, sin siquiera convocar concurso público, mientras descalifica públicamente al órgano regulador del sector.

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