El Proyecto de Ley de Medidas Tributarias, Financieras y Administrativas para 2027 plantea nuevos tramos impositivos por aerogenerador y reduce la exención fiscal para las nuevas instalaciones.
La Asociación Empresarial Eólica (AEE) advierte de que estos cambios fiscales encarecen los proyectos, condicionan la sostenibilidad financiera de las instalaciones en operación y pueden afectar a las nuevas inversiones de Castilla y León.
No se puede reclamar más energía eólica y, al mismo tiempo, dificultar las condiciones para invertir en ella. El cambio de régimen fiscal para las instalaciones existentes supone inseguridad jurídica y un cambio de las reglas de juego, que conllevaría desconfianza en el inversor.
La medida tiene claramente un efecto recaudatorio. Con la modificación presentada todos los parques eólicos en operación se verán perjudicados fiscalmente, muchos de ellos con años de funcionamiento coexistiendo con su entorno ambiental con total normalidad.
De aprobarse el nuevo canon eólico, todos los parques eólicos en funcionamiento pasarían de pagar 32,2 millones de euros a 35,8 millones de euros/año, lo que supone un incremento del 11,2 % sin que se encuentren argumentos motivados para ello. Además, para los aerogeneradores más modernos, que cuentan con mayores capacidades, crea 2 nuevos tramos con sus correspondientes cuotas: 14.000 euros/año por unidad para máquinas de entre 3 y 5 MW y 16.000 euros/año para las de más de 5 MW.
Su efecto sobre la rentabilidad de los proyectos será negativo y debería evaluarse antes de aprobar una modificación que puede alterar el marco regulatorio y las condiciones económicas bajo las que se planificaron las instalaciones.
En relación con los nuevos parques eólicos, la propuesta reduce de 5 a 2 años la exención total que, según el régimen anterior, disfrutaban los nuevos parques eólicos desde su puesta en marcha. Este cambio acorta el periodo de alivio fiscal en una actividad que requiere de inversiones intensivas en capital y plazos de desarrollo prolongados y con múltiples riesgos en el camino.
La repotenciación es una necesidad para la seguridad energética del país y una oportunidad estratégica para Castilla y León, ya permite sustituir equipos antiguos por tecnología más eficiente, con mayores capacidades tecnológicas y mayor producción mientras que se reutilizan infraestructuras y emplazamientos existentes.
El nuevo canon empeora significativamente las condiciones para llevar a cabo los proyectos de repotenciación respecto a la situación previa.
En un contexto en el que España necesita avanzar en la electrificación, reforzar su competitividad industrial y aprovechar sus recursos renovables, las decisiones fiscales deben incorporar una evaluación rigurosa de sus consecuencias sobre la inversión y la actividad económica.
La fiscalidad debería ir en pro de reducir carga fiscal a las inversiones que descarbonizan y no añadir obstáculos que hagan menos atractivos proyectos capaces de generar empleo de proximidad, aumentar los ingresos en las arcas municipales y mejorar el rendimiento energético de las instalaciones existentes.
Desde la Asociación Empresarial Eólica consideramos necesario revisar los cambios propuestos para garantizar que el canon responda a criterios de proporcionalidad, seguridad jurídica y coherencia con los objetivos de generación eólica. La actualización de un tributo no debe convertirse en una penalización de las instalaciones más eficientes ni desincentivar la renovación tecnológica de los parques existentes.
Castilla y León tiene la oportunidad de impulsar un modelo que combine desarrollo renovable, modernización tecnológica y beneficios locales. Para ello, necesita un marco fiscal previsible, proporcionado y alineado con esos objetivos.
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Más de 180 expertos se reúnen en Valladolid en WIND OPS 2026, organizado por AEE con la colaboración de APECYL, para reclamar acciones de impulso a la inversión, estabilidad regulatoria y velar por nuestra tecnología y cadena de valor.
Se estima el apoyo de más de 2.000 MW de repotenciación de parques eólicos. A ellos se añadirán otros 900 MW de potencia de generación hidroeléctrica y unos 1.500 MWh de almacenamiento hibridado.
La medida extiende el Impuesto sobre la Afección Medioambiental a las plantas fotovoltaicas que venden a la red, con cuotas de entre 600 y 2.000 euros por hectárea
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