Más de 220 organizaciones y miembros de la sociedad civil solicitan a Teresa Ribera y al Gobierno de España que abandone el Tratado sobre la Carta de la Energía (TCE), un acuerdo de inversiones para el sector energético firmado en 1994 por el Estado
La campaña estatal No a los Tratados de Comercio e Inversión, de la que forma parte la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, ha entregado una carta a la ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico en la que pide la salida del España del Tratado sobre la Carta de la Energía (TCE). La carta ha sido firmada por más de 220 organizaciones, sindicatos y representantes de la sociedad civil, académicas y académicos, juristas y figuras políticas a título individual.
La reivindicación central es que España abandone un tratado ratificado en 1994 a espaldas de la ciudadanía y sin debate público. El TCE, que inicialmente nació para garantizar el suministro energético a Europa occidental tras la caída del muro de Berlín, se ha vuelto en contra de los Estados firmantes y se ha convertido en un coladero de reclamaciones millonarias. A través de un mecanismo de solución de controversias inversor-Estado (ISDS por sus siglas en inglés), permite a las multinacionales e inversores demandar a los Estados si estas consideran que la las medidas legislativas va en contra de sus beneficios económicos presentes o futuros.
En un escenario de emergencia sanitaria y social, las últimas leyes propuestas para luchar contra el cambio climático o las medidas adoptadas para luchar contra la pobreza energética -como alargar el bono social o prohibir los cortes de suministros- podrían desencadenar una oleada de demandas por parte de grandes inversores bajo el TCE. No sería la primera vez. Bulgaria y Hungría ya han sufrido demandas millonarias por intentar garantizar precios asequibles en la electricidad para la ciudadanía.
De hecho, España ya ha sido condenada a pagar 1.036 millones de euros (casi siete veces el presupuesto que el Gobierno se ha comprometido a aportar al Fondo Verde Europeo sobre el clima) y los inversores reclaman más de 8.000 millones de euros. El dinero para pagar estas inversiones saldría de los Presupuestos Generales del Estado, es decir, de las arcas públicas o se computaría como deuda. Tampoco se descarta una subida en la factura de la luz como ya ocurrió en el caso Castor.
España es el país que más demandas acumula bajo el TCE: 47 en total, interpuestas por la política de recortes a las renovables entre 2011 y 2014. La paradoja es que todos los demandantes son empresas o inversores vinculados a los combustibles fósiles que invirtieron siendo conscientes del escenario de crisis del país.
En otros países se han dado situaciones similares. La empresa alemana Uniper ha declarado que demandará a Holanda por el cierre de las centrales eléctricas de carbón en 2030, una acción que forma parte de la estrategia nacional de reducción de gases de efecto invernadero.
Con estos precedentes el TCE podría truncar la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética española. Es previsible imaginar un escenario en el que el Estado español sea objeto de una oleada de demandas millonarias por la puesta en marcha del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) o por sus medidas adoptadas en la pandemia de la COVID-19.
La petición de abandonar el Tratado por parte de la sociedad civil se realiza unas semanas antes de que comience la segunda ronda de negociación entre el 7 y el 10 de julio para la modernización del TCE. Un proceso que, tal y como han manifestado organizaciones de toda Europa, no dará lugar a un tratado respetuoso con el clima, el medio ambiente y el bienestar de las personas.
Hasta la fecha, las piezas clave que hacen del TCE un tratado extremadamente asimétrico que atenta contra la soberanía de los Estados, los presupuestos públicos, y cualquier intento por frenar la emergencia climática, no están sobre la mesa. La agenda de negociación no contempla el fin de la protección de las inversiones en combustibles fósiles y energía nuclear, la exclusión de los mecanismos de solución de controversias entre inversores y Estados ISDS, o la incorporación de objetivos climáticos y ambientales vinculantes.
Las organizaciones sociales y ambientales firmantes de la carta alertan que bajo el TCE las inversiones relacionadas con el sector de los combustibles fósiles y energía nuclear están altamente protegidas. Las multinacionales e inversores extranjeros ya están utilizando este tratado para cuestionar y obstaculizar las medidas de acción climática y transición energética justa como el abandono de las fuentes de energía contaminantes, el impulso de las renovables, o la reducción del coste de la factura de la luz a las personas más vulnerables.
El Tratado supone un golpe a las medidas de acción climática. El TCE está obsoleto. Es difícil imaginar como una reforma podría arreglar un tratado tan defectuoso, creado para satisfacer las necesidades de la era de los combustibles fósiles.
La compañía danesa Athena Investments debe ser compensada por quebrantos debidos a los arbitrarios cambios normativos retroactivos en el marco legislativo de las renovables.
La Audiencia Nacional se muestra así de tajante con las inversiones fotovoltaicas, y alega que no existen razones para someter al Tribunal de Justicia de la Unión Europea una cuestión prejudicial.
