El Gobierno vuelve a claudicar frente a las Eléctricas e hipoteca de nuevo a los españoles para sufragar un déficit de tarifa virtual.

Anpier, la Asociación Nacional de Productores Fotovoltaicos, considera una burla que las empresas eléctricas se consideren víctimas de la reforma cuando en 2013, en un escenario económico calamitoso, han incrementado su valor bursátil de manera sorprendente: Iberdrola 15,23 %; Endesa 24,13 %; Gas Natural 39,14 %. Por el contario, los activos fotovoltaicos han perdido más de un 50% de su valor en este mismo periodo y los productores, asfixiados por los bancos, ni son recibidos por el Ministro de Industria, ni se les ofrece ninguna solución que les permita la viabilidad de unas plantas que fueron instaladas por 55.000 familias españolas que, animadas por el Estado, y con la garantía de un Boletín Oficial del Estado, hipotecaron sus propios hogares y ahora sólo gozan de la consideración de los fondos buitres, que pugnan por adquirir las instalaciones por el precio de su deuda. Estos escenarios tan diferentes, evidencian el resultado previsto con la aplicación de la nueva Ley del Sector Eléctrico.

Sin embargo, el oligopolio de compañías que dominan el sistema eléctrico español ha logrado, una vez más, que el Gobierno les otorgue el aval del Estado para titulizar el déficit de tarifa que se ha generado en 2013. Esto supone que se mantiene tanto el actual sistema de formación de precios de la energía, que incrementa desorbitadamente los precios reales, como la forma de pago, que garantiza el cobro con la garantía del Estado, es decir que lo tendrán que abonar los contribuyentes. De esta manera se perpetua el curioso mecanismo de precios y pagos y la singularidad de ser el país de Europa que paga más cara la electricidad y que, sin embargo, acumula, además, un déficit de tarifa que excede los 30.000 millones de Euros, lo que equivale a 600 Euros por español.

Las eléctricas han trasladado a la sociedad, también con la “garantía del Estado”, que las energías renovables son las causantes del déficit tarifario, para expulsar del mercado a unas tecnologías que no engrosan sus balances y que en el futuro amenazan la propia viabilidad de sus compañías, puesto que cada pueblo, fábrica u hogar podría llegar a autoabastecerse, lo que supondría para estas empresas, por ejemplo, una pérdida de hasta de 2.000 € por familia y año. La alternativa que ofrecen estás compañías, con la “garantía del Estado”, es un abastecimiento eléctrico no distribuido, sino controlado por un monopolio formado por cinco empresas que, para mantener su hegemonía, tratan de imponer unas tecnologías basadas en combustibles fósiles, como el gas, procedentes de países asiáticos.

Este modelo es sólo rentable para unos pocos y condena a nuestro país a una dependencia del exterior absolutamente innecesaria, sobre la que no se ha pronunciado el Ministro de Asuntos exteriores, José Manuel García-Margallo, que parece haberse olvidado de que las implicaciones geopolíticas que supone carecer de una soberanía energética factible, en el caso de España a través de la fotovoltaica, como propugna la Unión Europea y la propia lógica; en esa dirección avanza Alemania, que está blindando el bienestar y la independencia de su ciudadanía a través de la tecnología fotovoltaica, a pesar de las pírricas horas de sol con las que cuentan en el norte de Europa. Los alemanes han instalado en 2012 más paneles que España en toda su historia y en 2013 han mantenido la progresión.

La ausencia del criterio del Ministerio de Exteriores resulta tan sorprendente como que el responsable de la cartera que comprende Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, nada haya dicho sobre el modelo energético fósil hacía el que nos orienta el Gobierno y sus implicaciones para el entorno. Sin entrar en otras consideraciones vinculadas al desarrollo rural, también de gran calado, puesto que las renovables generan empleo y riqueza precisamente en las zonas más desfavorecidas y con mayor índice de desempleo del país.

Anpier considera que la reforma del sector eléctrico debe de contar ya no sólo con el apoyo de la mayoría de las fuerzas parlamentarias y territorios que conforman el Estado, al tratarse una política esencial para el futuro de la ciudadanía, sino también con la coordinación y la implicación al máximo nivel de las carteras afectadas en mayor o menor medida, como Exteriores, Agricultura y Medioambiente, Economía, Hacienda, Empleo, Sanidad e, incluso, Defensa. Un escenario muy alejado del que estamos contemplando, donde un Secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, articula con secretismo, un nuevo modelo energético esencial para nuestro futuro como país, que gusta sólo a unos pocos.