La Organización ecologista denuncia el mantenimiento de la central tras su cese de actividad, se debe a motivos económicos e intereses creados.
Greenpeace ha presentado alegaciones, ante la Subdirección General de Energía Nuclear del Ministerio de Industria, al "Proyecto de Real Decreto para la gestión responsable y segura del combustible nuclear gastado y los residuos radiactivos", que traspone la Directiva 2011/70/Euratom a la normativa española. La organización ecologista denuncia nuevamente que mediante este proyecto se permite la continuidad de las centrales nucleares cuando hayan cesado su actividad exclusivamente por razones económicas; de hecho, el Proyecto contempla principalmente el caso de la nuclear de Santa María de Garoña (Burgos), ya que se introduce una disposición transitoria expresa para este supuesto.
"Para que a Iberdrola y Endesa les salgan las cuentas con Garoña, el ministro de Industria está quebrantando el Reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas", ha declarado Raquel Montón, responsable de la campaña Nuclear de Greenpeace.
Greenpeace pide que se supriman las modificaciones introducidas en el Proyecto Real Decreto para la gestión responsable y segura del combustible nuclear gastado y los residuos radiactivos, y de forma especial en lo que afecta al Reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas.
La organización ecologista destaca cinco de los principales argumentos incluidos en las alegaciones presentadas ante el Ministerio de Industria:
Las nuevas modificaciones se producen para permitir la continuidad de la nuclear de Santa María de Garoña y, además, para que pueda hacerlo con carácter retroactivo, lo que vulnera el principio de seguridad jurídica contenido en el artículo 9.3 de la Constitución Española.
Se modifica el Reglamento vigente sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas (RINR) de las siguientes formas:
• Otorga al titular la decisión sobre el plazo de renovación de la autorización de explotación.
• Excluye de esta decisión al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).
• Permite la omisión de todos los requerimientos para la seguridad nuclear descritos en el Capítulo IV del RINR.
La diferencia establecida entre cese y cese definitivo es totalmente artificial, induce a confusión y puede elevar los costes tanto del desmantelamiento como de la posible puesta en funcionamiento.
En esta tramitación se ha omitido la participación del CSN en los términos señalados por la Directiva que se traspone.
La motivación de razones económicas puede implicar razones de seguridad, ya que si el titular no dispone de los recursos económicos suficientes puede poner en riesgo la gestión del combustible gastado.
En el marco de la edición número 36 de la jornada, por parte de relevantes actores públicos y privados han sido presentados los datos actualizados de la estructura energética en España.
El plazo para presentar alegaciones finalizará el lunes, 22 de abril de 2024.
