Tras la noticia que habla de rebajas de sueldos a consejeros que han podido perder influencia y en aras de una regeneración política. Según ANPIER “podría llegar a materializarse una forma de corrupción diferida”.
ANPIER, la Asociación Nacional de Productores e Inversores de Energías Renovables, considera que ningún ex alto cargo de la Administración General de Estado, ni de las Administraciones Autonómicas, debería desempeñar cargos remunerados en empresas que operen en sectores regulados y estratégicos como ese el caso del energético, por una cuestión tanto de ética como de estética.
El Presidente de ANPIER, Miguel Ángel Martínez-Aroca ha declarado que “En momentos tan delicados como el que atraviesa España, donde la seguridad jurídica ha sido mancillada por los sucesivos recortes retroactivos sufridos por el sector fotovoltaico y que han contribuido a desincentivar la inversión tanto interna como externa y, por tanto, a lastar la creación de empleo y riqueza, es necesario construir la Marca España no sólo desde la promoción de la calidad de nuestros productos y servicios, sino desde los principios más básicos del mercado: la trasparencia y la confianza”
La actual Ley de Incompatibilidades expresa en su artículo 8 que “Durante los dos años posteriores a la fecha de cese, aquellos que reingresen a la función pública y presten servicios retribuidos mediante honorarios, arancel o cualquier otra forma de contraprestación económica a personas físicas o jurídicas de carácter privado se inhibirán en todas aquellas actuaciones privadas que guarden relación con las competencias del alto cargo ejercido”; sin embargo, a la evidencia demuestra que se trata de un plazo casi simbólico y que, además, muchos ex altos cargos evitan contratando con filiales de aquellas empresas.
ANPIER exige que el Gobierno tome alguna medida al respecto de tal manera que ningún ex alto cargo pudiera llegar a desarrollar un papel decisivo en la toma de decisiones del Interés General desde dentro de una empresa privada, o filial extraterritorial, y en un plazo muy superior, porque “Estas personalidades conservan, como es lógico, fuertes vínculos estructurales y de amistad en los entornos políticos en los que continúan operando; lo que supone una potencial capacidad de influencia que podría materializarse de manera inadecuada, dando lugar a una especie de corrupción diferida, cuya mera posibilidad ya nos resulta inadmisible en aras de la necesaria regeneración política que está reclamando la sociedad” afirma Martinez-Aroca.
En este sentido, es público el elevado número de ex presidentes, ex ministros y ex altos que ocupan puestos generosamente remunerados en las empresas eléctricas españolas:
En ENDESA: José María Aznar, ex Presidente del Gobierno, ahora asesor externo; Elena Salgado, ex vicepresidenta económica del Gobierno, ahora consejera de Chilectra; Miquel Roca, ex Diputado de CiU, ahora consejero externo Independiente; Luis de Guindos, ex Secretario de Estado de Economía, fue consejero externo independiente y en la actualidad, es Ministro de Economía. Pío Cabanillas, ex Ministro Portavoz, también desempeñó cargos de responsabilidad en esta empresa; Rodolfo Martín Villa, vicepresidente del gobierno y ministro del Interior, fue presidente de Endesa hasta 2002; Pedro Solbes, ex Ministro de Economía, ahora consejero no ejecutivo de ENEL
En IBERDROLA: Ángel Acebes, ex ministro del Interior y Justicia, consejero externo; Ramón de Miguel, ex secretario de Estado de Política Exterior y Asuntos Europeos. Jefe del Área Internacional de Iberdrola.
En GAS NATURAL-FENOSA: Felipe González, ex Presidente del Gobierno, ahora consejero independiente. Narcís Serra, ex vicepresidente del Gobierno y Ministro de Defensa.
En RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA: José Folgado, ex Secretario de Estado de Energía, en la actualidad es presidente de la compañía; Luis Atienza, ex ministro de Agricultura, fue presidente de la compañía, hasta este mismo año; Miguel Boyer, ex Ministro de Economía y Hacienda; Ángeles Amador, ex ministra de Sanidad y Consumo.
Declaración conjunta que firma los compromisos de los países para acelerar las acciones encaminadas a un mundo limpio, transición energética sostenible, justa y asequible.
Se presentó el portafolio de inversión para el sector energético con 14 proyectos que se sumaran a la producción de energías limpias.