Las respuestas a los costes del sector eléctrico español.

D. Jorge Fabra Utray, exconsejero de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) y fundador de “Economistas Frente a la Crisis”, en las jornadas celebras recientemente por ANPIER  bajo el nombre “Hacía un nuevo modelo energético en España”  repasó algunos temas de preocupación general de los ciudadanos, como:

¿Cuál es el estado de remuneración de las inversiones de las centrales nucleares, centrales hidroeléctricas, y de carbón?

A esta cuestión, D. Jorge Fabra, contestó que “hay centrales históricas que ya en 1997 tenían hechas inversiones porque se habían hecho sobre marcos retributivos basados en costas estándares. Pero, sin embargo, después de la Ley del 97, las han seguido recibiendo para proteger su seguridad jurídica y para que esos inversores anteriores a 1997 siguieran confiando en las normas legales. Por lo que el cambio regulatorio las protegió con unos costes de transición a la competencia de alrededor de  8600 millones de euros, que hizo además que de lo que percibirían del mercado, que en ese momento parecía que se iba a estabilizar entorno a unos 36 euros y les permitía en el periodo de primero de diez años  y luego de trece años, porque hubo muchos cambios sobre la marcha de esta norma, la recuperación de las inversiones de todo el parque de  generación histórica de las centrales hidroeléctricas, nucleares y de carbón”.


¿Cuál es el estado de recuperación de las inversiones de las nucleares, las hidroeléctricas y el carbón?

El exconsejero de la CNE comentó que “han cobrado todos los costes de transición a la competencia, es decir, han cobrado a lo largo del año 1998 cuando han tenido ingresos muy superiores, además de los 36€ por MW/h. Por eso,  habría que preguntarse cuál es el estado de recuperación de las inversiones de las nucleares, las hidroeléctricas y el carbón, y la contestación es clarísima, las auditoras dicen que estos costes están todavía en periodo de amortización pero la economía nos dice luego que los accionistas han recuperado las inversiones porque las inversiones se recuperan a través de: provisiones, establecimiento de reservas, evolución de dividendos…eso es lo que un empresario espera de sus inversiones. Luego la política contable que realice la asignación de los fondos libres de su flujo de caja ya es una cuestión que a nadie nos compete sino solamente a quienes realizan de esas políticas, las políticas correspondientes. Por  lo tanto, el primer asunto que nos tenemos que preguntar es, ¿cuál es la recuperación real en las centrales históricas?, y el segundo asunto que nos tenemos que preguntar es, ¿cuales son las consecuencias de la actual regulación del mercado eléctrico sobre la retribución de las energías marginales?, y finalmente, ¿cuál es la legitimidad o la ilegitimidad de la participación en los mercados de centrales cuya energía esta cerrada al acceso de nuevos entrantes competidores? Porque en mi opinión, no hay mercado sino se permite la entrada”.

¿Cuál es la cuantificación de los beneficios y de las perdidas extraordinarias de los Windfall Profits,  positivos o negativos? Y, ¿en la retribución de la generación eléctrica? Y ¿qué tipo de centrales tienen pérdidas inesperadas o beneficios inesperados? Y, ¿cuales son los efectos de la cuantificación sobre los derechos de la electricidad sobre los derechos de emisión de las exportaciones y del bombeo? Y, ¿cómo debemos tratar desde el punto de vista regulatorio la sobreretribución, la pérdida y la infraretribución de las diferentes tecnologías que componen nuestro mix?

A estos asuntos, D. Jorge Fabra, contestó que  “en primero lugar, se tiene que poner en una situación real las concesiones públicas de las hidroeléctricas que se empezaron a dar en nuestras cuencas hidrográficas hace más de 100 años ya que no ha habido ninguna que haya sido devuelta al estado. Y es que en los términos que plantean todos los contratos profesionales, es decir, en pleno funcionamiento y con todo su equipamiento, nadie lo sabe, ni las cuencas hidrográficas,  ni el Ministerio de Fomento que es el que tiene la responsabilidad de medio ambiente, ni la Comisión Nacional de la Energía (CNE), ni el Ministerio de Industria, porque en la Ley de Aguas se concede de manera genérica una prolongación de 75 años a las concesiones hidroeléctricas existentes”.

Y también planteó otras preguntas como, por ejemplo: ¿Cómo se han calculado los precios de intervención en la generación de las centrales que consumen carbono autóctono? ¿Cuál es el tratamiento retributivo de las centrales en las resoluciones de las restricciones técnicas, es decir, como se retribuye a una central que es la única que puede cubrir por razones de la topología, del transporte, un problema de suministro y cobertura en un punto concreto? ¿Cuál es la cuantificación de los beneficios y de los costes para los consumidores que emanan de la regulación como el comercializador de último recurso, los contratos de energía para el suministro de último recurso y la tarifa de último recurso? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para regular el precio o regular el comportamiento de los comercializadores?

En esta línea señaló a los asistentes y cito textualmente que “Todas estas preguntas son cuestiones que hay que poner sobre la mesa a la hora de afrontar una reforma del sector eléctrico; también habría multitud de temas que nos aconsejarían verdaderamente apretar un botón y resetear completamente a la regulación y empezar desde cero. Siempre con una condición que es la seguridad jurídica para incrementar la confianza en las cuatro normas porque si eso se pierde el país se ve abocado, como estamos ahora por otras razones en los grandes temas macroeconómicos, a una pérdida clarísima de eficiencia”, concluyó el ex consejero de la CNE y fundador de “Economistas Frente a la Crisis”.