El Parlamento Europeo acuerda examinar los recortes a las renovables en España.

José Donoso, Director General de UNEF, y Piet Holtrop, abogado voluntario de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, han intervenido esta mañana en el Parlamento Europeo en defensa de la petición ciudadana. Los peticionarios han solicitado que el Parlamento Europeo vigile de cerca la actuación de la Comisión Europea, para que ésta no permita que los Estados miembros vulneren el Derecho Europeo mediante reducciones retroactivas de la retribución a las renovables, y que estudie, en concreto, el caso de España, que es el Estado Miembro que lidera los recortes a las renovables en Europa y las barreras al desarrollo del autoconsumo y la eficiencia energética.

El comité de Peticiones del Parlamento Europeo ha estimado que la petición ciudadana debe continuar abierta y ser enviada a la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo para su examen, ya que tiene dudas sobre la legalidad de las medidas adoptadas por España contra las energías renovables.

El director general de UNEF, José Donoso, ha denunciado hoy ante el Parlamento Europeo que la reforma eléctrica en España incumple las directivas renovables europeas. También ha solicitado la intervención de las instituciones europeas ante la arbitrariedad y la retroactividad de las medidas adoptadas por el Gobierno que rompen el principio de seguridad jurídica y crean una total incertidumbre hacia el futuro, dada la posibilidad de revisión del nuevo régimen retributivo cada tres y seis años.   

El director general de UNEF ha explicado durante su ponencia la situación de indefensión en la que se encuentran los inversores fotovoltaicos tras la aprobación del nuevo marco regulatorio que, con su carácter retroactivo, altera las expectativas lógicas y razonables de los inversores y llevará a la quiebra a gran parte de los 60.000 inversores que acometieron sus proyectos atendiendo a los marcos regulatorios vigentes anteriormente. “La reforma eléctrica en España supone una grave infracción de los principios europeos y atenta contra los inversores, ciudadanos y los objetivos de eficiencia energética. La nueva ley que con carácter retroactivo afecta a las inversiones realizadas en energías renovables y en especial en el sector fotovoltaico, incumple el principio de seguridad jurídica y altera los principios de libre competencia del mercado y de sostenibilidad, al impedir de facto el desarrollo de nuevas formas de producción de energía, como el autoconsumo fotovoltaico”.

José Donoso ha denunciado en Bruselas que con esta reforma, el Gobierno no busca un “beneficio razonable” sino desmantelar las instalaciones existentes, ya que el nuevo sistema de retribución a las renovables, en el que se da un pago por MW en función de unos costes de inversión estándares, es arbitrario y discrecional. Este sistema aplica a unas plantas un recorte del 20% y a otras el 50% sobre sus ingresos previstos.
Estos nuevos estándares no reflejan la realidad bajo la que se acometieron las inversiones en su momento, lo que lleva a una situación por la cual entre el 30 y el 50% de las instalaciones no podrán refinanciar su deuda, ya que la Banca debería aplicar una quita del 60% y, por lo tanto, se verán arrastradas a la quiebra.

UNEF ha alertado asimismo sobre el carácter discriminatorio y desproporcionado de los recortes del Gobierno a las energías renovables, a las que señala como principales causantes del déficit de tarifa, cuando en realidad renovables, cogeneración y residuos en su conjunto, solo son responsables del 22% por ciento de los cerca de 30.000 millones de déficit de tarifa acumulado.

El director general de la asociación fotovoltaica ha abundado en el carácter discriminatorio de la reforma explicando ante el Parlamento Europeo el impacto del Real  Decreto de Autoconsumo que, al introducir un peaje extra o “impuesto al sol” a estas instalaciones, hace inviable económicamente su desarrollo y va en contra de la libertad individual y la libre competencia del mercado. La introducción de este peaje de respaldo reduce gravemente el ahorro que estas instalaciones suponen y amplía el plazo de amortización (de 12 a 35 años para una casa particular y de 7,5 a 13 años o más para una pequeña o mediana empresa) impidiendo, de facto, su desarrollo en España e introduciendo multas a las instalaciones no declaradas de hasta 60 millones de Euros, el doble que las contempladas para, por ejemplo, vertidos nucleares.

Apoyos en el Parlamento Europeo

La solicitud de UNEF y la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, ha contado con el apoyo de los grupos parlamentarios ecologistas y socialistas, tanto de la diputada Teresa Riera del grupo de  Progresista de Socialistas y Demócratas como de la diputada Margrete Auken, del grupo Verdes/Alianza Libre Europea, que mostraron su preocupación por el deterioro del la seguridad jurídica de las inversiones renovables en España y la intención del Gobierno de sustituir renovables por tecnologías antiguas.  Por otro lado, la petición contó con la oposición de la diputada Pilar Ayuso del Grupo del Partido Popular Europeo que defendió sin fisuras la reforma del Gobierno.

A pesar de la petición del Grupo Popular de archivar el caso, la Comisión ha decidido mantener abierta la petición y vigilar el desarrollo de la Reforma Eléctrica en España, consciente del impacto que puede tener en las legítimas expectativas de los inversores en renovables y del futuro del autoconsumo en España.

El representante de la Comisión Europea ha expresado que la Comisión está  â€œpreocupada por la propuesta del estado español”, por lo que han enviado dos cartas solicitando más información a España de las que, ha dicho, no han recibido respuesta. Se ha comprometido a seguir persiguiendo al gobierno español para que le amplíe información y seguir de cerca el desarrollo normativo en España y el impacto de las medidas que está tomando el gobierno español en las inversiones realizadas.