ANPIER advierte de un rosario interminable de quiebras de familias españolas

La nueva Ley del sector eléctrico, que será aprobada esta tarde en el Congreso de los Diputados, supone el inicio de un rosario interminable de quiebras de familias por toda la geografía española: 55.000 familias que animadas por el propio Estado y a través de las condiciones ofrecidas en un Boletín Oficial del Estado, invirtieron sus ahorros en el desarrollo y la producción de energía solar fotovoltaica, y que no podrán afrontar sus compromisos de pago con la Banca porque el Estado no asumirá, en virtud de la nueva Ley, los compromisos de pago adquiridos.

Para el Presidente de Anpier, Miguel Ángel Martínez-Aroca, es un abuso de poder arbitrario e intolerable que “el mismo Estado que nos animó a destinar nuestros ahorros a la generación de energía solar fotovoltaica, haya decidido ahora, bajo un Gobierno del Partido Popular, arruinarnos sin ningún miramiento. Somos familias de clase media, compuestas por trabajadores honestos, hombres y mujeres que cumplimos con nuestras obligaciones, pagamos todos nuestros impuestos y sólo aspiramos a poder vivir en paz y con dignidad del fruto de nuestro esfuerzo diario”.

Con las nuevas condiciones, que se imponen con carácter retroactivo, los productores recibirán una ficticia rentabilidad razonable. De esta manera, las familias atrapadas en la producción fotovoltaica, no podrán afrontar sus compromisos de pago con los bancos, que ejecutarán las garantías que se aportaron para financiar las instalaciones, hogares familiares en el 80% de los casos. Este colectivo debería pagar a la banca 18.000 millones de Euros en los próximos años, un montante asumible en el tiempo de haberse mantenido las condiciones ofrecidas por el Estado, que garantizaba un retorno que permitía la viabilidad de los proyectos. Ninguna familia hubiera destinado ni un solo Euro de haber previsto el engaño y desde 2010, para superar los drásticos recortes del anterior Gobierno, tuvieron que refinanciar sus huertos solares a tipos de intereses que, en la mayoría de los casos, superaron el 5% de interés anual.

En el día de hoy, Gobierno deroga de un plumazo toda la normativa con la que promovió las inversiones familiares en renovables y fija una supuesta remuneración razonable del 7,5% teniendo en cuenta toda la vida regulatoria, una medida claramente retroactiva, cuya finalidad real es expulsar del sistema a las plantas fotovoltaicas, puesto que una más que previsible valoración a la baja del precio y los costes de las plantas, junto con la exclusión de los costes de financiación, supondrá el resultado negativo de todos los ejercicios de dichas instalaciones, tal y como ha advertido la Comisión Nacional de la energía.

Este tipo de disposiciones retroactivas generan una inseguridad jurídica alarmante para la inversión y cuestiona la seriedad del Reino de España, que ya tiene abiertos dos arbitrajes en materia de inversiones renovables interpuestos por 14 grandes fondos internacionales de inversión, además de las miles de reclamaciones judiciales por parte de las familias españolas productoras, que defenderán sus legítimos derechos en todos los foros e instancias hasta la extenuación y, como parece que finalmente sucederá, acudirán finalmente al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en Luxemburgo.

Anpier considera que la nueva Ley del Sector Eléctrico condenará a España a la dependencia energética de combustibles fósiles y del exterior. Unos recursos caros, dañinos para el medio ambiente y para la salud pública que, además, provienen de países terceros, que se lucran de esta innecesaria dependencia energética. El nuevo marco supondrá un retroceso en el camino que estábamos recorriendo hacia un nuevo modelo sostenible, rentable y responsable, además de la paralización de una industria generadora de empleo, bienestar y riqueza, que había llegado a ser un referente internacional. Sin embargo, se mantendrá un modelo energético gravoso para los españoles, que pagan el recibo de la luz más caro de Europa, y sin llegar a solucionar el déficit de tarifa que, como ha señalado al UE y la CNC, se genera por la sobre retribución que perciben las tecnologías nuclear e hidráulica. La norma perpetuará el status quo de un oligopolio sobre remunerado frente a una población al límite de la pobreza energética.

Martínez-Aroca afirma que “El 2013 será recordado como el año en el que un Gobierno del Partido Popular forzó la legalidad, se olvidó de lo que predicaba pocos meses antes y cercenó sin piedad los derechos de 300.000 nacionales junto con la seguridad jurídica de las inversiones en suelo español; pero también se recordará como el año en el que un grupo de ciudadanos sin miedo se organizó para defenderse sus derechos y su propia dignidad frente al Gobierno de un partido que se olvidó sus principios, de los ciudadanos que les dieron el voto y, embriagado de soberbia, fue caminando hacia el abismo”.