La Ley del Sector Eléctrico perjudica gravemente a la ciudadanía y al medio ambiente. Ecologistas en Acción, se suma a las protestas contra una ley preparada de espaldas de la ciudadanía, basada en fomentar los costes de la factura.
La Ley que hoy se aprueba es una reforma para que nada cambie, basada únicamente en garantizar el pago del escandaloso déficit de tarifa. La Ley nace muerta, al haber reconocido el ministro Soria, su principal impulsor, y cara visible del Secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, que este año, seguirá habiendo déficit tarifario, que superará probablemente los 30.000 millones, tras la retirada de los 3.600 millones de euros que el Estado iba a aportar a través de los presupuestos generales del Estado.
La nueva regulación es un ataque a la democracia: se ha preparado de espaldas a la ciudadanía y al sector, y se ha tramitado por el procedimiento de urgencia. Sus bases son las de fomentar el consumo de electricidad e incrementar la factura. Continúa en la senda de descrédito y la paralización de la producción de energías renovables, asestando un golpe mortal a la seguridad jurídica del Estado español, y manteniendo las ayudas de las energías fósiles. No elimina la posición dominante de mercado de las cinco grandes eléctricas, como lo demuestra el escandaloso incremento de precios de diciembre previo a la subasta CESUR de hoy mismo.
Tampoco cambia la subasta marginalista, el mecanismo de fijación de precios en el mercado mayoritario, por lo que las centrales nucleares y las grandes presas seguirán teniendo beneficios caídos del cielo. Entre estos beneficios extraordinarios, que todos los días reciben fundamentalmente las grandes empresas del sector agrupadas en la patronal UNESA, y las maniobras en un mercado altamente distorsionado, estas empresas siguen teniendo beneficios de miles de millones al año, por encima incluso de la deuda que reclaman.
La reforma llegará incluso a la esperpéntica situación de que los consumidores paguen a las térmicas de gas en ciclo combinado por estar paradas, mientras las renovables son definitivamente paralizadas, y las instalaciones ya construidas sufren un duro golpe. Tan absurdo como el peaje de respaldo que el gobierno pretende imponer al autoconsumo a partir de renovables, con su famoso impuesto al Sol. Se dificulta el autoconsumo, promovido por Europa, y que supone ahorros muy importantes para la sociedad sin coste alguno para el sistema. El objetivo no es otro que el de mantener la posición dominante de las grandes eléctricas en un sector que se les va de las manos, porque ya es más barato para los usuarios generar la energía a partir de renovables que tomarla de la red.
La compañia RWE, ganadora del laudo por el recorte expropiatorio de las renovables , exigirá la traba de bienes del Reino en USA para cobrar sus 28 Millones de Euros.
A pesar del aumento de la ambición, los PNEC no logran conectar efectivamente los puntos con lo que ahora importa para hacer realidad la transición energética: despliegue de la red, modernización y flexibilidad.
