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La organización ecologista pide a los grupos políticos del Congreso que no convaliden el Real Decreto-Ley 9/2013, ya que acaba definitivamente con un sistema de apoyo a las energías renovables y la posibilidad del cambio al nuevo modelo energético.
El pasado viernes, día 12 de junio, el consejo de ministros aprobó la nueva reforma energética, en la que la moratoria al sector de las energías renovables sigue vigente y se establece un régimen retributivo del 7,5 % de la inversión a instalaciones fotovoltaicas, eliminando todo el sistema de primas y tarifas retributivas anteriores.
La organización ecologista constata que esta nueva legislación, expuesta en el Real decreto Ley 9/2013 publicada en el BOE acaba con un sistema de apoyo para las energías renovables paralizando por completo a un sector que colocó a España como líder mundial de la energía limpia.
Para Greenpeace, este acto legislativo supone un retroceso histórico, que evita el cambio al nuevo modelo energético por el que ya están apostando un gran número de países en el mundo. Mientras que Europa avanza con las directivas de energías renovables y eficiencia energética, España sigue perpetuando un modelo basado en el uso de fuentes contaminantes y la dependencia energética exterior. Esto último puede salir al país mucho más caro a largo plazo. Por ello la organización ecologista pide a los grupos políticos del Congreso que no convaliden el Real Decreto-Ley 9/2013.
Greenpeace considera que esta reforma responde a la hoja de ruta de las grandes compañías eléctricas, encabezadas por Iberdrola, que quieren acabar con la competencia que les hacían las renovables. Además, las eléctricas consiguen eludir la obligación legal que tienen actualmente de financiar el déficit de tarifa, de forma que ahora esa obligación se extiende a todas las demás empresas generadoras, mientras las grandes eléctricas siguen cobrando por sus centrales de ciclo combinados paradas.
La organización ecologista resalta que las reformas energéticas que está planteando el Gobierno español carecen de estrategia, teniendo en cuenta que la energía siempre ha de planificarse a largo plazo. Son reformas que intentan atajar problemas a corto plazo, sin la verdadera visión de futuro para la economía del país y se alejan de los objetivos europeos de cumplir con las bajas emisiones, así como fomentar la eficiencia energética y el ahorro. España camina en la dirección opuesta a países como Alemania o Dinamarca que quieren alcanzar grandes porcentajes de energías renovables en su mix energético
La eliminación del sistema de apoyo a las energías renovables y con carácter retroactivo hunde un sector de futuro.
Según la organización se mantiene un mercado eléctrico que es dominado por las grandes compañías de UNESA, las cuales son las que determinan el precio de la energía que pagan todos los consumidores y mantienen ocultos los costes reales. El precio de la energía ha tenido una fuerte bajada en la primera mitad de año, gracias a las lluvias y a la entrada masiva de energía renovable en el mercado, sin embargo esta bajada de los costes no ha tenido ningún beneficio para el consumidor.
Greenpeace también hace mención al autoconsumo, del cual se espera una regulación que no acaba de llegar y es importante tanto para el ahorro de los consumidores como para el futuro de la eficiencia energética en edificios.
Computando los recortes retroactivos únicamente a inversores extranjeros en fotovoltaica, el incumplimiento en compromisos de España agrava la consideración de riesgo-país por default técnico, incertidumbre e inseguridad jurídica.
La iniciativa «Casa Solar Social», iniciativa del Ministerio de Energía busca reducir los costos de electricidad a través de sistemas fotovoltaicos instalados en terrenos públicos para beneficiar a comunidades cercanas.
