El legislador, al objeto de corregir los desajustes entre los costes del sistema eléctrico y los ingresos obtenidos a partir de los precios regulados ataca a la fotovoltaica utilizando inspectores faltos de conocimientos en la materia
El Gobierno quiere corregir el déficit de tarifa castigando a las instalaciones fotovoltaicas finalizadas fuera de plazo, repotenciadas, y con modificaciones sustanciales al proyecto presentado.
La procedencia de si una planta es legal o ilegal, evidentemente ha de descansar sobre nociones que poseen un decisivo componente técnico valorativo para cuya concreción es preciso remitirse a máximas de experiencia, todo lo cual, evidentemente, sobrepasa el ámbito de los conocimientos científicos o técnicos que cabe presumir en sus funcionarios destinados en los servicios de inspección.
Resulta realmente absurdo que un funcionario, sin formación técnica o administrativa en fotovoltaica, pueda decidir sobre la legalidad de algo con la total ausencia de auxilio técnico procedente de peritos que aporten la información y los conocimientos necesarios para valorar el sentido y finalidad de los proyectos fotovoltaicos.
Sin embargo, no existe ninguna constancia de que tales funcionarios, que firman las Actas de inspección, a la hora de decidir sobre tan importante cuestión, para la que se precisan conocimientos especializados en este campo de la inspección y el desarrollo aplicados a la industria fotovoltaica, hayan apelado a ese imprescindible complemento auxiliar, cuando podrían perfectamente hacerlo.
Presenta una composición prácticamente idéntica al gas natural, lo que permite su inyección directa en la red gasista existente y su uso en los mismos equipos finales, sin necesidad de modificaciones técnicas significativas.
El 48,9% de la producción eléctrica de diciembre en nuestro país fue renovable, una cuota que alcanza el 49,5% con la estimación de generación de instalaciones de autoconsumo.
