Cinco grandes eléctricas han sido multadas por denegar datos para dificultar a las comercializadoras independientes el acceso a los datos sobre clientes que la Ley prevé, y fijar precios a grandes Clientes.
El Consejo de la CNC ha resuelto que las cinco principales empresas eléctricas del país son responsables de sendas infracciones a la normativa de defensa de la competencia por haber obstaculizado el cambio de comercializador en el mercado libre y haber tratado de fijar precios a los grandes clientes en el marco de la desaparición de las tarifas eléctricas.
El 17 de junio de 2009, la Dirección de Investigación de la CNC tuvo conocimiento, a través de la Asociación de Comercializadores Independientes de Energía (ACIE), de determinadas comunicaciones llevadas a cabo por Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U. y Endesa Distribución Eléctrica S.L.U. relativas a la suspensión, por parte de las mismas, de la gestión telemática de solicitudes de baja tensión y el corte de operaciones.
Se trataba de un momento importante para la comercialización de energía eléctrica, porque el 1 de julio de 2009 desaparecían las tarifas y los consumidores domésticos y pymes tenían que elegir comercializadora en el mercado libre. Aquellos que no lo hicieran y tuvieran derecho a la llamada Tarifa de Último Recurso, pasarían inmediatamente a la Comercializadora de Último Recurso de la red del grupo.
A la vista de dicha información, la Dirección de Investigación inició una información reservada en el marco de la cual descubrió que el resto de las empresas habían enviado notas similares.
El 24 de junio de 2009, la Dirección de Investigación de la CNC decidió, de conformidad con lo establecido en el artículo 49.1 de la Ley de Defensa de la Competencia, incoar expediente sancionador contra los cinco principales grupos eléctricos y proponer al Consejo de la CNC la adopción de medidas cautelares, que fueron dictadas mediante Resolución de 1 de julio de 2009.
En agosto de 2010 se elevó propuesta al Consejo de la CNC proponiendo que se declarara la comisión de dos infracciones:
• En la primera de estas infracciones, que habría afectado a las pymes y consumidores domésticos, las empresas eléctricas habrían acordado denegar datos para dificultar a las comercializadoras independientes el acceso a los datos sobre clientes que la Ley prevé, obstaculizar la aplicación de la normativa aprobada por el Gobierno para facilitar a terceros el acceso a esta información con el fin de retrasar este acceso y coordinar entre ellas el corte de las operaciones de gestión de las solicitudes de paso a mercado libre sin informar con la debida antelación y transparencia a terceros y contribuyendo a elevar las barreras a la entrada en un mercado en proceso de liberalización. Todas estas actuaciones se habrían producido en el seno de UNESA, la asociación del sector que agrupa exclusivamente a las cinco eléctricas que representan el 99% de la energía comercializada a clientes domésticos.
• En la segunda de las infracciones, las empresas eléctricas habrían acordado, también en el seno de UNESA, los precios y otras condiciones comerciales para los grandes clientes cuando salieran al mercado de cara a la desaparición de la tarifa regulada el 1 de julio de 2008.
En su Resolución, el Consejo ha declarado acreditadas estas prácticas que considera muy graves. Se trata de unos servicios donde los clientes muestran mucha inercia y existen elevados costes de acceso, tanto para los clientes como para las comercializadoras independientes. En este contexto, cualquier obstáculo adicional que se genere artificialmente por los operadores incumbentes favorece la permanencia del cliente en el grupo de electricidad al que viene conectado. Por ello, tales conductas tienen el efecto de elevar las barreras de entrada al mercado.
Esta concertación tiene el efecto adicional de reducir la intensidad competitiva entre las cinco principales empresas eléctricas que se coordinan en el seno de UNESA. Los datos ponen de manifiesto que las comercializadoras de cada grupo se han centrado en captar los clientes en el mercado libre fundamentalmente en las zonas de la red de distribución del grupo, lo que revela una escasa intensidad competitiva entre ellas en el periodo considerado 2006-2009.
El Consejo ha declarado responsables de estas prácticas a las cinco empresas eléctricas: Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, Hidroeléctrica del Cantábrico y E.ON y también a UNESA, cuya colaboración ha sido esencial en el desarrollo de estas conductas.
En su Resolución el Consejo impone a las empresas las siguientes multas:
• 26.615.000 € a ENDESA
• 1.426.000 € a E.ON ESPAÑA
• 8.811.000 € a GAS NATURAL FENOSA
• 1.847.000 € a HIDROELÉCTRICA DEL CANTÁBRICO
• 21.612.000 € a IBERDROLA
• 900.000€ a UNESA
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