Nuevo marco energético para los consumidores de la Unión europea.

Ello requiere una mayor adaptación de los actuales marcos reglamentarios nacionales, ya que en su gran mayoría los hogares europeos siguen siendo consumidores pasivos. En algunos Estados miembros, las posibilidades de elección de los consumidores son limitadas, y el cambio de proveedor es relativamente complejo.

Para empoderar a los consumidores, los Estados miembros y sus autoridades deben aplicar plenamente y hacer cumplir las normas europeas existentes, en particular las que se refieren a la protección de los consumidores. Los entes regionales y locales, por su parte, deben tomar las medidas de apoyo necesarias para que los consumidores dispongan de una información comprensible y accesible, herramientas sencillas e incentivos financieros para ahorrar energía.

Las tecnologías inteligentes ayudarán a los consumidores y a las empresas energéticas que les presten servicios a aprovechar las oportunidades existentes en el mercado de la energía asumiendo el control de su consumo (y eventualmente recurriendo a la autoproducción). De este modo se logrará una mayor flexibilidad en el mercado y, en su caso, se reducirá la factura de los consumidores.

La Comisión seguirá impulsando la normalización, apoyando el despliegue de contadores inteligentes a nivel nacional y promoviendo el desarrollo de aparatos y redes inteligentes, de manera que se recompense el uso flexible de energía. Establecerá sinergias entre la Unión de la Energía y la Agenda del mercado único digital y tomará medidas para garantizar la protección de la vida privada y la ciberseguridad.

No obstante, esto solo será posible si los precios de mercado envían las señales correctas. En algunos Estados miembros, las tarifas reguladas siguen limitando el desarrollo de una competencia efectiva, lo que desincentiva las inversiones y la aparición de nuevos operadores en el mercado. Las tarifas reguladas para los usuarios finales se utilizan a menudo para proteger a los hogares o incluso a los clientes no domésticos de los aumentos de los costes de la energía. El impacto de esas medidas recae en los consumidores no regulados, en las empresas de electricidad y/o en las finanzas públicas, que son los que soportan los déficits tarifarios de electricidad. Sin embargo, a largo plazo, esas medidas perjudican los intereses de los consumidores a los que pretenden proteger.

La Comisión procurará eliminar progresivamente los precios regulados inferiores al precio de coste mediante la normativa de competencia y de gobernanza económica. Asimismo, animará a los Estados miembros a establecer una hoja de ruta para la eliminación progresiva de todos los precios regulados.