Se solicita la justa y necesaria interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley del Sector Eléctrico, como ya han presentado otras comunidades autónomas.
La Asociación de Promotores y Productores de Energías Renovables de Andalucía (APREAN) ha solicitado formalmente a la Secretaria General de Innovación, Industria y Energía de la Junta de Andalucía que recurra por inconstitucional la Ley del Sector Eléctrico aprobada por el Gobierno central el pasado mes de diciembre.
APREAN ha pedido al Gobierno andaluz que, al igual que ya han realizado otras comunidades autónomas, presente recurso ante el Tribunal Constitucional por vulneración de principios recogidos en la Carta Magna, que suponen el quebrantamiento de preceptos dictados en el artículo 9.3 de la Constitución, como son el de seguridad jurídica y el de irretroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales que, en su grado máximo como es el caso, está totalmente prohibido por el ordenamiento español.
Igualmente, la patronal andaluza de las energías limpias fundamenta la presentación del recurso por haberse producido una clara injerencia por parte del Gobierno central en las legítimas competencias de la Junta de Andalucía.
APREAN espera que la Administración autonómica defienda por la vía judicial "el atropello acometido por el Gobierno contra todo un sector económico que en Andalucía, enormemente rica en sol y viento, va a suponer la pérdida de más de 400 millones de euros de inversión y de más de 20.000 puestos de trabajo directos e indirectos".
Desde hace meses, la asociación empresarial andaluza viene reclamando del Gobierno central que "ponga cordura en su política energética, basada en criterios meramente recaudatorios y con una visión tan miope como cortoplacista que hipoteca nuestro futuro por su efecto destructor hacia las fuentes de energía sostenibles e inagotables".
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Una cadena de valor europea de fabricación de energía solar fotovoltaica de 30 GW al año crearía alrededor de 80 000 puestos de trabajo y añadiría 4 000 millones de euros al PIB de la UE.
Uno de los reparos más frecuentes en fase de anteproyecto es la orientación vertical a 90°: la creencia de que, al no contar con la inclinación óptima de una cubierta, la captación en fachada carece de sentido técnico o económico.
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