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La reforma de la UE sobre redes avanza hacia la electrificación, pero mantiene un salvoconducto para el sector gasista

10-12-25. Fundación Renovables
miércoles, 10 diciembre 2025.
Fundación Renovables
La reforma de la UE sobre redes avanza hacia la electrificación, pero mantiene un salvoconducto para el sector gasista
Las directrices de Bruselas incluyen planes para construir hidroductos que podrían terminar siendo usados para transportar gas, ya que no hay demanda prevista para H2 que justifique la inversión.

La Unión Europea (UE) ha aprobado el European Grids Package, la mayor reforma sobre redes hasta la fecha dirigida a acelerar la transición energética, dentro del Fit for 55. Desde la Fundación Renovables celebramos su aprobación, puesto que el conjunto de medidas refuerza la electrificación de la economía y permite acelerar en la modernización y expansión de nuestro sistema de redes. Con este paquete de medidas, la UE pretende pasar de una tasa de electrificación del consumo final del 23% al 32% para 2030. 

El Grids Package permitirá, además, mejorar las conexiones entre países miembros de la UE a través de la planificación de nuevas infraestructuras de transporte, pero también maximizando el uso de las ya existentes para lograr transportar electricidad entre fronteras y aumentar la demanda eléctrica a escala nacional. También, se busca apostar por tecnologías y regulaciones innovadores que permitan aumentar la capacidad disponible de las líneas de transporte ya existentes entre un 20% y un 40%. Con esta reforma se pretende aumentar el comercio eléctrico transfronterizo en un 50%, así como elevar el PIB europeo en unos 18.000 millones para 2030 y disminuir su dependencia energética externa. 

La Comisión Europea (CE) quiere también acelerar los tiempos y agilizar los procesos de autorización, puesto que más de una cuarta parte de los proyectos de redes europeos considerados como PCI (de interés común) acumulan retrasos de entre cuatro y diez años. De esta forma, se pretende que los procesos de autorización se acoten en un tiempo máximo de dos años, ampliable a tres en los casos más complejos. 

En este punto, la Fundación Renovables celebra que la CE haya incluido una mejora en los procesos de participación pública durante la tramitación de nuevas construcciones, evidenciando la necesidad de una licencia social favorable para evitar rechazos locales a los proyectos. Es preciso agilizar el despliegue de nuevas redes, pero también es necesario incluir a la ciudadanía en la toma de decisiones para reducir cualquier impacto que, a ojos de promotores y administraciones, pueda estar oculto. 

En otro orden, resulta inexplicable que una vez más Europa haya decidido incluir medidas que apoyan al gas fósil en una reforma que, en teoría, se destina a impulsar la transición energética eliminando los combustibles fósiles. Tanto es así que el paquete aprobado incluye medidas para facilitar la construcción de nuevos gasoductos, lo cual va en contra de los objetivos climáticos, pero también de la necesidad de reducir la dependencia energética de terceros países como Rusia o EE. UU.  

Así mismo, la decisión de revisar las directivas del paquete de gas e hidrógeno, de renovables y la del mercado interior de la electricidad puede suponer un alto riesgo para la transición energética, en función de en qué medida se promueva la aceleración de permisos mediante la eliminación de trabas administrativas o la directa desregulación y pérdida de participación pública. Es fundamental controlar esta nueva revisión, evitando que vaya en contra de los principios de una transición energética justa, ordenada y sostenible. 

Entre las directrices aprobadas por Bruselas destaca el apoyo directo a las redes de transporte de hidrógeno verde, con la construcción de un corredor que conecte Europa occidental con la región báltica. Esta decisión, como todo el transporte internacional de hidrógeno, carece de sentido ya que ahonda aún más en la inconsistencia de las políticas de Europa con el hidrógeno, apostando por su transporte, a pesar de las dificultades técnicas que implica, el aumento de costes y la pérdida de eficiencia que supone producir hidrógeno lejos de las zonas de consumo. Desde la Fundación Renovables defendemos que el hidrógeno verde debe producirse junto a las industrias que lo consuman y rechazamos cualquier medida destinada a construir grandes hidroductos que, finalmente, sean usados para transportar más gas fósil o gases renovables. 

Celebramos que la reforma sí haya incluido medidas específicas para ajustar las redes a tecnologías estratégicas para la transición energética, como es el caso del almacenamiento, acelerando su despliegue en los nudos críticos para dotar de flexibilidad al sistema. 

Otro tema que no se ha incluido y es de vital importancia es la gobernanza de las redes,  el tipo de propiedad de unos activos sumamente vitales para la transición energética, evidenciando la necesidad de que, en ciertos casos cuando se demuestre incapacidad o inmovilismo, fuera necesario que pasasen a ser públicas al completo. 

«Necesitamos invertir en modernizar nuestras redes eléctricas y adaptarlas a la velocidad de la transición energética. Ahora mismo, es mucho más rápido instalar renovables que transportar su electricidad a nuevos consumidores. Por tanto, la demanda no se electrifica al mismo ritmo y esto es un grave riesgo en todos los países, pero sobre todo en España», expresa Ismael Morales, responsable de Políticas Climáticas de la Fundación Renovables. «Europa debe ver esta política como una oportunidad para acelerar el despliegue de renovables y avanzar en la electrificación total de la economía, dejando la generación de hidrógeno cerca de su consumo, pero también como una forma de mejorar nuestra soberanía e independencia energética y conseguir que tanto hogares como empresas reduzcan sus facturas energéticas». 

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