El Instituto para la Transición Justa licita 1.202 MW para plantas renovables en los 34 municipios del Convenio de Transición Justa. Se reservan 100 MW de capacidad del nudo para pequeños proyectos renovables a conectar en las redes de distribución
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha publicado la Orden TED/1182/2021, con las bases reguladoras y la convocatoria del primer concurso de Transición Justa para otorgar el acceso a la red de transporte de electricidad que se libera tras cerrar una planta de generación. Este primer concurso afecta al nudo Mudéjar 400 kV, al que se enganchaba la Central Térmica de Teruel, ubicada en el término municipal de Andorra. El concurso, organizado por el Instituto para la Transición Justa (ITJ), adjudicará una capacidad de 1.202 MW para evacuar energía renovable, aplicando criterios ambientales y socioeconómicos que beneficien a los 34 municipios afectados por el cierre de la planta térmica.
Con esta orden, cuyo borrador estuvo en información pública durante los meses de mayo y junio, el MITECO cumple su compromiso de que el Convenio de Transición Justa de Andorra-Comarcas Mineras sea el primero en desarrollarse dentro del marco de la Estrategia de Transición Justa, lo dispuesto en la Ley 7/2021 de cambio climático y transición energética, y lo previsto en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. El objetivo final es que el desmantelamiento de la central térmica de Andorra suponga nuevas oportunidades de desarrollo económico, social y ambiental para la zona.
Al concurso podrán presentarse proyectos formados por uno o varios módulos de generación de electricidad, que deberán utilizar fuentes de energía renovable, pudiendo incorporar instalaciones híbridas y sistemas de almacenamiento. Tendrán que estar ubicados en los 34 municipios incluidos en el Convenio de Transición Justa de Aragón, con un máximo del 20% de la superficie total en municipios colindantes.
Los promotores dispondrán de dos meses para presentar los proyectos a la Mesa de Evaluación del concurso, presidida por la persona titular de la Dirección del ITJ e integrada por representantes del MITECO, el Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía, la Comunidad Autónoma de Aragón y la Federación Española de Municipios y Provincias, entre otros.
En la adjudicación de proyectos se tendrá en cuenta su contribución a la Estrategia de Transición Justa. Para ello se analizarán aspectos como la generación de empleo (directo con ex trabajadores de la central de Andorra y empresas auxiliares, e indirecto, considerando un porcentaje femenino) o la puesta en marcha de planes de formación para desempleados. Además, se analizará el efecto indirecto en proyectos empresariales o industriales locales relacionados.
También se valorará la existencia de planes socioeconómicos, así como acuerdos con otros productores o asociaciones locales, la promoción del autoconsumo energético para ciudadanos y empresas de la zona, o la promoción de comunidades energéticas, junto con los ingresos que se generen localmente.
Los proyectos deberán minimizar su impacto medioambiental bajo el principio de carácter excluyente de “no causar un perjuicio significativo” (DNSH en inglés), recogido en el reglamento europeo del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Se comprobará la madurez de los proyectos y, de forma específica, se puntuará el haber presentado los anteproyectos de las instalaciones y el haber iniciado los trámites para el estudio de impacto ambiental.
Los criterios asociados a la tecnología de generación podrán otorgar hasta 20 puntos; los de impacto socioeconómico para la zona, hasta 55 puntos; los de madurez del proyecto, hasta 15 puntos; y la minimización del impacto ambiental un máximo de 10 puntos.
Los proyectos ganadores obtendrán el derecho de acceso y conexión al nudo Mudéjar por orden de prevalencia en función de la puntuación que obtengan. Posteriormente, tendrán que seguir los habituales procedimientos de tramitación de las instalaciones para materializarlas.
El fallo de la Mesa de Evaluación, incluyendo los plazos de audiencia, de remisión de diversa información justificativa y de modificaciones y subsanación de errores, se producirá un máximo de seis meses después de que se cierre el plazo para remitir los proyectos.
GARANTÍAS QUE RESPALDEN LOS PROYECTOS
Para participar en el concurso, los promotores deberán presentar una garantía de 120.000 euros por MW de proyecto para responder del impacto socioeconómico previsto por los proyectos en la zona, que se devolverá en dos hitos:
A los tres años se devolverá un tercio de la garantía atendiendo a las horas de formación para desempleados, la participación de inversores locales y empresas y administraciones de la zona, y los acuerdos firmados con particulares, empresas o comunidades energéticas para desarrollar sistemas de autoconsumo con excedentes. Y a los seis años se devolverá los dos tercios restantes, en función de la generación de empleo (directo e indirecto) y las inversiones en servicios y bienes en la cadena de valor de la industria y los servicios locales.
El ITJ, instructor del concurso, también se encargará del seguimiento del cumplimiento de las condiciones de la adjudicación, de acuerdo con lo que se establezca en el Convenio de Transición Justa.
El nudo Mudéjar tiene una capacidad de 1.302 MW, pero sólo se sacarán a concurso 1.202 MW, reservando los 100 MW restantes para pequeños proyectos de renovables que se conecten aguas abajo, en las redes de distribución, de modo que no afecten a la red de transporte.
Fuente foto: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:T%C3%A9rmica_Andorra.jpg
El Convenio de Transición Justa de Andorra-Comarcas Mineras (Teruel) permitirá la concesión de una capacidad de acceso a la red eléctrica otorgable de hasta 1,3GW.
El boicot del núcleo duro del lobby atómico representado por Iberdrola y Endesa -que junto a Acciona han brillado por su ausencia- no ha conseguido entorpecer el avance renovable que ha alcanzado a cubrir el 95% de la oferta.
Se han adjudicado 3.034 MW a precios por debajo de mercado: un 43% inferior a la estimación de precios a largo plazo.
