La Fundación Renovables aboga por reducir la dependencia energética de combustibles fósiles con más renovables y por reformar con urgencia el mercado eléctrico

La Fundación Renovables ha recibido con desazón el paquete de acciones de la Comisión Europea para hacer frente a los precios de la electricidad, en particular, y de la energía, en general. Pese a ser necesarias, el contenido se desvirtúa al apostar por el GNL, procedente del fracking, en el caso de EEUU, y carece de inmediatez –con medidas para el próximo invierno cuando es necesario actuar ya en  marzo- en el actual contexto de incremento de las tensiones geopolíticas por los combustibles fósiles, aumentando los precios energéticos a causa del elevado grado de dependencia del gas y de la volatilidad de los mercados.

La factura energética de 2021 fue de 46.575 M€, por lo que, desde la Fundación Renovables, como hemos propuesto reiteradamente desde el año pasado, apoyamos al Gobierno de España en la urgente necesidad de revisar y reformar el sistema de fijación de precios del mercado eléctrico y de impulsar las renovables para disminuir la dependencia externa y la erradicación los combustibles fósiles. El problema no es que consumamos gas, sino que, con un porcentaje menor fije los precios y marque la línea de la política energética al impedir la electrificación de la demanda vía precio. No compartimos que la Comisión Europea retrase al jueves la decisión sobre desacoplar el gas del mercado eléctrico, porque es prioritario actuar en esta dirección, que es la raíz del problema.

Consideramos urgente priorizar un rediseño de las normas de fijación de los precios de los mercados de la electricidad (modelo marginalista) que disminuya la relevancia del gas y que se defina por la transparencia de los costes de generación. Desde la Fundación Renovables abogamos por sacar cupos de energía del mercado mediante contratos bilaterales por subastas- en el caso de las nucleares- y porque haya un cambio desde el marginalismo al paid-as-bid, (pago según el precio ofertado), amortiguando los incrementos en un mix energético en el que el 70% de la generación es infra marginal, y el 35% del RECORE, y a precio aceptante (las renovables, la cogeneración, la nuclear y la hidro fluyente ofertan a precios menores que la tecnología con un coste marginal más elevado, como es el caso de los ciclos combinados).

Es decir, el modelo que necesitamos debe estar basado en una conformación de precios en función de lo que aporta cada tecnología al sistema eléctrico y las externalidades que tiene (gestionabilidad, aporte base, emisiones, etc.). España debe mantener este posicionamiento hasta que sea reconocido por la Comisión Europea, ya que diversificar el suministro de GNL procedente de numerosos países es una solución cortoplacista que no solventa el problema de los altos precios de la electricidad que venimos asumiendo desde junio de 2021. En la misma línea, es muy interesante y útil detraer los sobreingresos de las tecnologías infra marginales para disminuir los costes del sistema regulado, pero no aborda el problema de raíz y, además, como se comprobó en España, gran parte de la energía eléctrica ya está vendida mediante contratos bilaterales a largo plazo.

Respecto a las medidas adicionales propuestas por la Comisión Europea, nos posicionamos a favor, sobre todo de cara a mejorar los objetivos del PNIEC y de la LCCyTE, para impulsar la instalación de energías renovables y bombas de calor en nuestro territorio. La Comisión propone un objetivo 900 GW de renovables y 30 millones de bombas de calor para 2030. Las tecnologías ya maduras, como la fotovoltaica y la eólica, deben ser las que lideren el incremento de la generación eléctrica y ayuden a descarbonizar sectores como el transporte, mejorando la electrificación de la demanda en un 50% en 2030. Además, hay que fomentar el biogás de manera distribuida y próxima a su consumo, junto con el hidrógeno, de manera excepcional, para la gran industria y el transporte pesado no electrificable.

La Comisión Europea propone agilizar los plazos administrativos para la instalación de plantas o parques de renovables, algo que, en cierta manera, puede suponer un riesgo si los criterios se vuelven más laxos en cuanto a las declaraciones de impacto ambiental y, por otro lado, la agilización debe aplicarse también al autoconsumo y la generación distribuida. Una situación que, más allá de mantener la rigidez y exigencia medioambiental, se podría solventar exigiendo una ordenación territorial vinculante de las renovables, priorizando el autoconsumo y la generación distribuida, y un aumento de los recursos para la capacitación técnica y laboral de las administraciones públicas encargadas de la tramitación. Unido a ello, la promoción de nuevas subastas de energías renovables debe mantenerse bajo criterios de ordenación territorial, teniendo en cuenta variables socioeconómicas, y con clausulas anti especulación para los promotores.

Así mismo, es necesario abrir la competencia del sistema eléctrico centralizado, con la trasposición efectiva y completa de las directivas europeas, a nuevos actores y servicios energéticos como los agregadores y la gestión de la demanda, los sistemas de eficiencia, las diferentes modalidades de autoconsumo, las comunidades energéticas y las plataformas participativas P2P (Peer to Peer, de igual a igual, entre iguales). Desde nuestro planteamiento, todas estas reformas deben englobarse dentro de una reforma de la Ley 24/2013 del Sistema Eléctrico que permita obtener un sistema distribuido, descentralizado y transparente, con una electricidad a menor coste y competitiva. Conjuntamente, las rebajas fiscales a la electricidad, como el IVA al 10%, deben ser permanentes de cara a conseguir un futuro en el que este vector cubra nuestra demanda energética.

En particular, consideramos necesario incluir las ambiciosas medidas definidas por la UE en la estrategia energética de España para reducir el uso global de energía, recortar las emisiones, hacer frente a la pobreza energética y acelerar la electrificación del transporte, de la climatización, de los edificios y de la industria con renovables. Nos encontramos en un momento decisivo en el que la electricidad debe ser el puntal de la descarbonización, apostando e impulsando las reformas necesarias para abaratar su precio y para que su acceso sea universal al ser un bien básico para toda la sociedad.

No obstante, como ya expresamos en nuestro informe “¿Qué hacemos con la tarifa eléctrica? Ideas y propuestas para su desarrollo desde el objetivo de la electrificación de la demanda”, reivindicamos un cambio inmediato, con diferentes líneas de actuación, sobre la tarifa (FNSSE, RECORE, pago por uso, extender la amortización del déficit de tarifa, etc.) y el mercado eléctrico para reducir el precio de la electricidad y que esta responda al “pago por uso”, siendo transparente con los costes que la originan. Apostar por la electrificación en nuestro país es una tarea complicada si el precio de la electricidad continua bajo los parámetros actuales, haciéndola no competitiva y un lastre económico sobre el que se puede y se debe actuar.

Finalmente, consideramos que todo lo anterior se vería facilitado por la comunitarizacion de la Política de Energía y Clima. La energía estuvo en el origen de la Comunidad Europea (CECCA, EURATOM) y estaría ahora en n la base para su consolidación como verdadera Unión Energética. Una PECC, Política Energética y de Clima Común, sería la respuesta innovadora e ilusionante a la mayor ambición que ha reclamado el reciente informe del IPCC en materia de mitigación del cambio climático y a la requerida en la situación actual para una urgente reducción, por razones socioeconómicas y geoestratégicas, de la dependencia energética de la UE.