El pertinaz incumplimiento de España de las Directivas Europeas en energías renovables.

La vicepresidenta de la Comisión Europea, Neelie Kroes, no se fía nada de que España haga la transposición de la directiva de eficiencia energética de edificios 2010/31/UE cuyo plazo finalizó el 9 de enero de 2013 y ha vuelto a amenazar con llevar el asunto al Tribunal de Justicia de la UE, como ya pasara con la anterior directiva de 2002  que solo hace unas semanas se acabó de trasponer con el decreto de certificación de edificios. Europa no está dispuesta a esperar otros diez años con la nueva directiva. Razones no le faltan ya que el voto negativo de España en octubre a la directiva de eficiencia energética 2012/27/UE indica a las claras que el Gobierno no está dispuesto a cumplir las normas europeas.

Al incumplimiento sistemático de la directiva de renovables de 2009, se ha venido a sumar el retraso permanente en la trasposición de las directivas de ahorro energético de 2002 y 2010, a pesar de que en la UE se consideran prioritarias para la reducción de la factura de las importaciones de gas y petróleo y de las emisiones de CO2. Pero estas no son las prioridades de la política española y es sintomático de un modelo productivo y energético basado en el derroche y la ineficiencia energética. La voluntad política de vender y facturar cada vez más energía a los consumidores y de que ese modelo ha de funcionar siempre ha sido uno de los errores que nadie quiere diagnosticar al analizar los déficits de nuestro sistema eléctrico. Por eso, a quienes precisan vender toda la energía que importan no les interesa para nada hablar de ahorro.

Prescindir del ahorro de energía es un doble error. Perjudica directamente a los consumidores finales que solo en el sector de edificios y viviendas podrían ahorrarse más de 7.000 M€ cada año; pero el mayor error es considerar, como ha hecho el Gobierno en su voto contra la directiva de eficiencia energética, que impide la reactivación del sector inmobiliario y de la construcción cuando es todo lo contrario. Según el CENER más del 80% de nuestro parque de 26 millones de edificios y hogares necesita una rehabilitación energética, son 18 millones de edificios que solo con que se rehabilitara el 50% con los criterios de la directiva 2010/31/UE de edificios de consumo de energía casi nulo y el impulso a los contratos de servicios energéticos podría suponer la creación de hasta un millón de empleos en el sector de la construcción y de las ESE,s y además revalorizar los edificios en un 20% por la mejor calificación energética.

Todo esto está escrito profusamente no sólo en las normas europeas sino también en el plan  de acción de eficiencia energética 2011-2020 aprobado hace dos años. La eficiencia energética es una de las pocas políticas de crecimiento y de creación de empleo de que dispone la política económica y con un balance coste – beneficio tan positivo que alguien debería explicar por qué se renuncia a ella y por qué se anteponen de forma nada transparente los ingresos del sistema eléctrico a la creación de empleo con 6.220.000 de parados.

Javier García Breva