¿Cómo se fomentan e impulsan las actuaciones destinadas a la rehabilitación energética de edificios?

Las Comunidad Autonómas tienen atribuidas competencias en materia de vivienda, de acuerdo con lo establecido sus Estatutos de Autonomía.

A modo de ejemplo, en el caso de Castilla y León, se aprobó la Ley 9/2010, de 30 de agosto del derecho a la vivienda, que regula en el artículo 81 entre las actuaciones protegidas, la rehabilitación de edificios y viviendas.

Las políticas de vivienda que hasta la fecha se vienen desarrollando, se realizan en coordinación con la Administración General del Estado a través de los diferentes planes estatales de vivienda y de los convenios suscritos entre ambas Administraciones para la ejecución y desarrollo en las Comunidades de los citados planes.

El Real Decreto 233/2013, de 5 de abril por el que se regula el Plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria y la regeneración y renovación urbanas, 2013-2016, establece una serie de programas, que van a ser gestionados en las Comunidades Autónomas para la ejecución de dicho plan, y con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2016.

El Real Decreto anteriormente mencionado, la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas, y la Ley 7/2014, de 12 de septiembre, de medidas sobre rehabilitación, regeneración y renovación urbana, y sobre sostenibilidad, coordinación y simplificación en materia de urbanismo, han contribuido a fomentar e impulsar las actuaciones destinadas a la rehabilitación de edificios.

Por su parte el citado plan estatal establece entre sus objetivos el fomento de la rehabilitación edificatoria. Para ello diseña un programa que se desarrolla en el capítulo V del citado Real Decreto, con el objetivo de permitir a las ayudas que incorpora, salir de los estrictos límites de las viviendas, para entrar en el contexto de los edificios, de los barrios y de la propia ciudad considerada en su conjunto, lo que tiene repercusiones importantes en relación con los potenciales beneficiarios de aquéllas, que dejan de ser los propietarios, individualmente considerados en su condición de propietarios de las viviendas, para ceder ese papel a las comunidades de propietarios, las agrupaciones de comunidades de propietarios o los propietarios únicos de edificios de viviendas, algo que, sin duda, agilizará la gestión.

Dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, el régimen de ayudas está incorporado en el plan estratégico de subvenciones 2014-2016 de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, aprobado mediante Orden de 3 de septiembre de 2014.

El procedimiento de concesión de las ayudas se realizará en régimen de concurrencia competitiva priorizando aquellas solicitudes que, cumpliendo los requisitos exigidos, hayan obtenido un orden preferente como resultado de aplicar unos criterios de valoración.

Conforme a lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en las Leyes de las Comunidades Autónomas, el procedimiento de otorgamiento de ayudas hace necesario la existencia de unas normas reguladoras que, además de ser una exigencia legal, permitan lograr el cumplimiento de los objetivos fijados, la eficiencia en la utilización de los recursos y el respeto a los principios propios en la gestión de las subvenciones.