La Comisaria Europea de acción climática advierte que no se debe introducir reglas retroactivas a las renovables.

La Comisaria Europa de Acción Climática, Connie Hedegaard, ha declarado en la cadena catalana de televisión TV3, su posición contraria a introducción de normas retroactivas para las renovables: " Todo lo que se haga en esta área ha de tener largo recorrido y tenemos que tener mucho cuidado en no cambiar las reglas retroactivamente” ha sentenciado la Comisaria, con la necesaria visión de futuro que exigen estas cuestiones trascendentales.

Esta declaración, realizada a pocos días de que se conozca el texto final de la reforma del sector eléctrico español, debe de ser tenida en consideración por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, puesto que la Unión Europea está muy pendiente del resultado final de esta trascendental reforma, que determinará, más allá de la contención del déficit de tarifa, el futuro modelo energético español y con él, cuál será el devenir económico, el bienestar social y la sostenibilidad medioambiental del Estado español.

El Comisario europeo de energía, Günter Oettinger, también comprometió su apoyo con los fotovoltaicos españoles, y mantiene una línea de trabajo con ANPIER para actuar en auxilio de los productores fotovoltaicos españoles, para lo cual maneja informes detallados sobre la sucesión de normas retroactivas que ya ha ido soportando este colectivo y los correspondientes impactos económicos derivados de cada una de estas medidas, una información que fue remitida por ANPIER, a partir del análisis de una consultora internacional independiente.

ANPIER encuentra una posición receptiva en la Unión Europea y acudirá al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en Luxemburgo, para defender a las 55.000 familias españolas que utilizaron sus ahorros e hipotecaron sus bienes para invertir en la producción de energía solar fotovoltaica, al amparo de un BOE publicado por el Estado en mayo de 2007 (BOE 126, sábado 26 de marzo de 2007), y a los que se les está sometiendo por parte de la Administración a sucesivas quitas, que alcanzan ya hasta el 40% de los retornos garantizados, y que les obligará a entregar a las entidades bancarias financiadoras de los proyectos tanto las plantas como los bienes utilizados para avalar dichas inversiones, un montante valorado en 18.000 millones de Euros.

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