Las administraciones y todos los ciudadanos debemos colaborar en la lucha contra el cambio climático para así disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero.
El cálculo por parte de los Ayuntamientos de su huella de carbono, es un primer paso en esta tarea, ya que se trata de un balance energético sobre las instalaciones municipales y sus posibilidades de adaptación para conseguir una reducción en la emisión de los gases efecto invernadero.
El cálculo de una huella de carbono tiene un coste aproximado de 1.000 euros. Para ayudar en la financiación a los Ayuntamientos hay diferentes mecanismos. Tanto la Unión Europea, como el Estado y las Comunidades Autónomas ponen a disposición de los municipios diferentes medios para que vayan adaptando sus instalaciones.
La intención es, por un lado que se propicie el ahorro energético y por otro, potenciar el uso de energías renovables, habitualmente a través de la biomasa o de las fotovoltaicas.
Los Ayuntamientos deberían invertir en estos mecanismos, tanto en generación de energía como en la protección de los edificios para que estén perfectamente aislados y no pierdan temperatura respecto al clima exterior.
Esa adaptación no siempre requiere grandes inversiones, ya que no son necesarios grandes recursos para hacer algunas modificaciones. Como todos los amantes de la energía solar saben, los paneles fotovoltaicos en los últimos años han disminuido prácticamente al 10 por ciento su coste, de modo que lo que antes no era rentable ahora sí lo es. En este sentido, una instalación fotovoltaica está amortizada en un plazo de ocho años y tiene una vida media de 25 años, por lo que desde el octavo año todo son beneficios económicos y medioambientales.
Además, en cuanto a las instalaciones, hay programas estatales que cubren en gran parte aquellas actuaciones que pueden llevar a cabo los Consistorios. Los Ayuntamientos deberían solicitar estas ayudas que facilitan ese cambio energético.
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Una cadena de valor europea de fabricación de energía solar fotovoltaica de 30 GW al año crearía alrededor de 80 000 puestos de trabajo y añadiría 4 000 millones de euros al PIB de la UE.
Uno de los reparos más frecuentes en fase de anteproyecto es la orientación vertical a 90°: la creencia de que, al no contar con la inclinación óptima de una cubierta, la captación en fachada carece de sentido técnico o económico.
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