La Diputación de Barcelona pretende fomentar el alquiler de las cubiertas de edificios y suelo públicos para que empresas privadas instalen energía solar fotovoltaica, y promover así el ahorro de energía en cuestiones como el alumbrado público.
Las ciudades y los pueblos son los responsables directos o indirectos de más de la mitad de las emisiones de los gases del efecto invernadero (GEH) derivados de la utilización de energía relacionada con la actividad humana. Ante esto, son muchos los municipios que trabajan para mitigar el cambio climático.
El Pacto de alcaldes y alcaldes, una iniciativa que fomenta las energías renovables, es una buena oportunidad para avanzar en la sostenibilidad del consumo energético a escala local. Una ocasión, sin embargo, que también requiere la implicación de la ciudadanía.La iniciativa del «Covenant of Majors» (Pacto de alcaldes y alcaldes) a favor de la energía ha tomado forma durante un encuentro entre el diputado de Medio Ambiente de la Diputación de Barcelona, Joan Antoni Baron, y el comisario europeo de Energia, Andris Piebalgs, en la «Sustainable Energy Week» (Semana de la Energía Sostenible) de febrero de 2008, organizada por la Dirección General de Energía y Transporte de la Unión Europea en Bruselas. Fué en aquel momento cuando el comisario afirmó que: «el hito de reducir un 20% las emisiones de efecto de invernadero a través de planes de energía renovable sólo es posible a través de la acción local». Y está a partir de aquí cuando la Diputación de Barcelona, a través del Área de Medio Ambiente, se compromete a liderar esta iniciativa de ahorro energético y fomento de las energías renovables para el 2020 y ayudar a los ayuntamientos a adherirse al Pacto. En concreto, el Pacto de alcaldes y alcaldes pretende alcanzar el objetivo del llamado triple 20. Es decir, reducir un 20% las emisiones de gases con efecto de invernadero (GEH) mediante una mejora del 20% en la eficiencia energética y un incremento del 20% en el uso de energías renovables.Con el fin de visualizar este compromiso, en noviembre del año pasado, el presidente de la Diputación, Antoni Fogué, y el consejero principal de la Dirección General de Energía y Transportes de la Comisión Europea, Alfonso González, firmaron un acuerdo en Barcelona a través del cual la Diputación era reconocida como la primera estructura de apoyo al Pacto y como protagonista principal en el marco de la provincia. En este contexto, se ponía en marcha un programa de apoyo a los ayuntamientos regulado en un modelo de convenio, dónde se recoge que los municipios que se adhieran al Pacto tienen que redactar, en el plazo máximo de un año, un Plan de acción de energía sostenible (PAES).El Pacto tomó más fuerza en febrero de este año, cuándo una delegación de 24 municipios barceloneses, encabezada por el diputado de Medio Ambiente, Joan Antoni Baron, firmó en el Parlamento Europeo el compromiso junto con 300 municipios europeos más. «Es la primera vez que la Comisión Europea confía en los ayuntamientos en un tema tan importante como es el compromiso político para luchar contra el cambio climático», afirma Joan Antoni Baron.Hasta ahora, ya se han adherido cerca de 500 municipios de países de la Unión Europea, de los cuales 81 son de la provincia de Barcelona. Eso quiere decir que 1 de cada 4 municipios barceloneses ha firmado a día de hoy el Pacto de alcaldes y alcaldes, cifra que, en población, representa a la mitad de los habitantes de la provincia (y si descontamos la ciudad de Barcelona, el 70%). Entre los municipios firmantes hay desde las ciudades de l'Hospitalet de Llobregat, Badalona, Sabadell, Terrassa, Manresa o Granollers, hasta municipios pequeños como Aguilar de Segarra, Orís o Alpens.Según el tercer teniente de alcalde y concejal de Medio Ambiente de Granollers, Albert Camps, «el papel de la Diputación de promover esta iniciativa y de ayudar a resolver todas las dificultades de gestión que comporta es clave ya que para un ayuntamiento tener que establecer una relación directa con Europa siempre es más complicado». En esta misma línea se expresa el comisario europeo de Energia, Andris Piebalgs, el cual destaca el «modelo Diputación de Barcelona» como un ejemplo a seguir para la eficiencia y el ahorro de energía y para su trabajo en red.Hasta ahora, la Diputación de Barcelona ha destinado 1,5 millones de euros entre 2008-2009 para la contratación de la redacción de PAES de los municipios firmantes del Pacto de alcaldes y alcaldes. Por otra parte, la corporación está diseñando una metodología propia para poder dar soporte técnico a los ayuntamientos para cumplir los compromisos derivados de la firma del Pacto (diseño de inventario de emisiones, lista de acciones del PAES, del seguimiento bianual ...)Con respecto a las líneas de actuación para conseguir estos objetivos, Baron explica que el Pacto es abierto y que cuando un municipio se adhiere se compromete a redactar en el plazo de un año un PAES, haciendo un inventario de emisiones de GEH e identificando aquellos puntos en que se puede mejorar. Básicamente, dice al diputado: «las dos líneas principales de actuación serán el alquiler de techo y suelo públicos para que empresas privadas instalen energía solar fotovoltaica, y promover el ahorro de energía en cuestiones como el alumbrado público».En la liquidación 10/2024 del sector eléctrico se ha producido una desviación transitoria entre ingresos y costes de casi -1.194,58 millones de euros.
Los precios negativos, saturación del mercado y congestión de la red plantean grandes desafíos para el desarrollo de las energías renovables. Diversificación de la cartera de ingresos del mercado, geografías y tecnologías pueden mitigar los riesgos.
