La crisis económica paralizó el debate que se había iniciado en torno a uno de los graves problemas a los que se enfrenta la humanidad: el cambio climático.
Evidencias científicas demuestran que dicho cambio ya está en marcha afectando a varios millones de personas en todo el mundo. En España, país que es altamente vulnerable, el cambio climático puede tener un elevado impacto en el equilibrio ambiental y por tanto social y económico.
Los acuerdos internacionales a nivel mundial y europeo ya en vigor, así como los que se están elaborando y que confluirán en la Cumbre de París de finales de 2015, obligan a los estados a aplicar medidas conducentes, por un lado, a mitigar el cambio climático (limitando el aumento de temperaturas en 2 ºC, lo que ya tendría graves impactos), y, por otro, a adaptarse y reducir en lo posible el impacto de dicho cambio climático.
Asumir este compromiso supone avanzar hacia una transición energética basada en dos principios fundamentales:
- el primero, reemplazar las tecnologías energéticas basadas en combustibles fósiles por otras basadas en recursos renovables, y
- el segundo, conseguir una mayor eficiencia y ahorro energéticos.
Ambos retos, de alcanzarse con éxito, supondrán una transición energética hacia un modelo de desarrollo más sostenible.
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