Los ministerios de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA) y de Energía, Turismo y Agenda Digital (MINETAD) han abierto hoy el proceso de consulta pública previo a la elaboración del anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética.
Así, todo el que lo desee, y hasta el próximo 10 de octubre, puede aportar sus contribuciones al futuro anteproyecto de ley en el portal web http://www.lccte.gob.es/.
El objetivo del Gobierno es que la elaboración de esta Ley cuente con la máxima participación de todos los agentes y sectores de la sociedad, debido a su trascendencia para nuestro actual modelo de producción y de consumo.
La futura Ley servirá para cumplir con los objetivos de la Unión Europea en materia de sostenibilidad, así como los recogidos en el Acuerdo de París. Responde a la necesidad de definir un marco a medio y largo plazo para garantizar una transición ordenada de nuestra economía hacia un modelo bajo en carbono y que se adapte a los retos del clima.
Se trata de elaborar un instrumento que marque el camino para alcanzar los compromisos internacionales adquiridos en materia de cambio climático y energía y aprovechar además las posibilidades de desarrollo que puedan surgir del nuevo modelo económico, con el menor coste posible y generando crecimiento económico, empleo y bienestar a los ciudadanos.
Para la elaboración de este anteproyecto de Ley, y dada la transversalidad de las políticas en materia de cambio climático, en abril de puso en marcha un grupo de trabajo interministerial con representantes de los ministerios involucrados. Posteriormente, MAPAMA y MINETAD organizaron unas jornadas de debate que reunieron a más de 400 expertos para abordar propuestas de los diferentes sectores. La iniciativa permitió recabar aportaciones y constituyó una ambiciosa fase previa al lanzamiento formal de la tramitación de la Ley.
Además, el pasado 14 de julio, el Consejo de Ministros ha aprobado la creación de una Comisión de Expertos para elaborar un informe sobre diferentes escenarios de transición energética para analizar posibles alternativas de política energética, considerando su impacto medioambiental y económico y que permitan cumplir con los objetivos establecidos de la forma más eficiente posible.
Tramitar las instalaciones de autoconsumo fotovoltaico vía comunicación previa elimina el problema de las esperas de hasta ocho meses que se han producido hasta ahora y que afectan al medioambiente y la generación de empleo.
Cinco grandes organizaciones ecologistas defienden que lo que hace falta son trabajos estables duraderos y sostenibles en la zona y no contraponer desarrollo y empleo a la conservación de la naturaleza.
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