La plataforma por el autoconsumo reclama que la regulación del balance neto próxima a aprobarse sea justa para permitir a los consumidores el ahorro de costes energéticos y a las industrias mejorar su competitividad.
El importante descenso de la disponibilidad mundial de los combustibles fósiles, junto con la subida de los precios y las emisiones contaminantes ha llevado a que Los gobiernos de diversos países se prepararen para afrontar el cambio a un nuevo modelo energético, en el cual haya un compromiso con el consumo eficiente y responsable de la energía, y donde además, esta energía sea en gran parte generada por fuentes renovables no contaminantes, más próximas a los lugares de consumo, facilitando la independencia energética de los países.
Es en este contexto, donde Europa marcó los objetivos en sus Directivas, entre ellas la de comprometer a los estados miembros a generar el 20% de su energía con fuentes renovables en el año 2020. España, en el año 2006, para alcanzar estos objetivos comenzó a favorecer, mediante medidas regulatorias el impulso de las energías renovables en el país. El sector de las renovables, especialmente el sector fotovoltaico, cumplió con creces los objetivos marcados por el gobierno.
Las políticas españolas y las medidas de ineficiencia energética
Sin embargo la crisis económica, ha tenido su reflejo en una fuerte bajada de la demanda de energía, verdadera causante del llamado déficit de tarifa, del cual se está culpabilizando a las primas dadas en su momento a las renovables. Las energías renovables están sufriendo el mayor peso de los recortes, en poco tiempo diversas medidas restrictivas se han ido sucediendo ahogado al sector y arruinando a miles de productores e inversores que solo hicieron lo que el gobierno les pidió que hicieran, situar a España a la cabeza mundial de generación de energía renovable.
Es evidente que España no puede seguir por el camino de la ineficiencia energética y perjudicando a los consumidores. Mientras en Europa se marcan objetivos de ahorro, en España se busca fomentar el consumo energético para salvar el déficit de tarifa y los problemas de un sector energético obsoleto, esto además de ir en dirección contraria a las normativas europeas, también es contrario al desarrollo económico del país y a la lógica común. El coste energético en España ya ha hecho que algunas empresas se cuestionen estar en nuestro país.
Por todos estos motivos, es muy importante que la normativa sobre el autoconsumo y el Balance neto se aprueben de manera justa y beneficiosa para el consumidor, para fomentar el ahorro energético, la supervivencia del sector de las energías renovables y su integración en las edificaciones e infraestructuras para la creación de ciudades inteligentes, para fomentar el desarrollo tecnológico y aumentar la competitividad de nuestras industrias y empresas.
Este es el mensaje principal que ha transmitido la Plataforma por el Autoconsumo, en una rueda de prensa celebrada este miercoles 26 de junio en Madrid, ante la próxima aprobación del paquete de medidas de la reforma energética, el cual incluirá la normativa del Balance neto.
El modelo propuesto por la Plataforma por el Autoconsumo
En dicha rueda de prensa, importantes representantes del sector, entre los que se encuentran Sergio Pomar, representante de instaladores de Fenie, José Donoso, director general de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), Pedro Gil, presidente de la asociación de instaladores fotovoltaicos sobre cubierta (Aifoc), Ignacio Prada, responsable de relaciones institucionales de la asociación de fabricantes de bienes de equipo Sercobe y Jaume Margarit, director general de la Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA), han expuesto a los medios de comunicación, cual es el modelo propuesto por la plataforma y los puntos que debería contemplar el Real decreto del Balance Neto, para ser eficiente y rentable para los consumidores y no consistir en una medida disuasoria para la implantación de estas instalaciones por parte de los consumidores.
Para empezar el tamaño de los sistemas de autoconsumo debería ser acordes con la potencia contratada por el consumidor, ya que el límite actual de 100 kW impide su aplicación en algunas ramas industriales y agrarias, por lo que este se podría aumentar hasta 1000kW para aumentar la competitividad de las industrias.
Sin embargo en este punto, la Plataforma ha presentado una propuesta de incorporación al sistema eléctrico moderada del autoconsumo, estableciendo cupos anuales: 200 MW el primer año, 300 MW el segundo año, 400 MW el tercer año, así paulatinamente en función de la evolución del mercado. El balance neto tendría una incidencia mínima en el sector eléctrico y sin embargo al cabo de cinco años ya se habrían obtenido beneficios socioeconómicos de retorno muy positivos de su implantación, las cifras dadas por la Plataforma para el autoconsumo estima estos beneficios en más de 5000 puestos de trabajo, un ingreso fiscal entorno a 250 millones de euros y el ahorro de otros 70 millones en importaciones energéticas.
Esto pone de manifiesto que las trabas que encuentra el Ministerio de Industria responden a su temor al descenso de la demanda causante del déficit de tarifa y a la pérdida de negocio de las eléctricas. Ignacio Prada señala en la rueda de prensa que “la reducción de los costes de estas tecnologías ha hecho que el ciudadano pueda crear una energía competitiva, las eléctricas no quieren que el autoconsumo reste kW a la red y afecte el negocio, pero el autoconsumo debería ser un derecho ciudadano”. Jaume Margarit incide en este punto que el gobierno viene posicionándose en contra del autoconsumo en la normativa, porque no se puede quitar kw a la red a causa el déficit de tarifa en estos momentos.
Otro de los puntos tratados es que se debería autorizar el autoconsumo compartido, de modo que varios consumidores puedan beneficiarse de una misma instalación, por ejemplo en comunidades de vecinos o polígonos industriales. Estos modelos ya se están implantando con éxito en algunos países, México por ejemplo ha aprobado recientemente el esquema de “energía colectiva”.
Con objeto de fomentar modelos de negocios de los servicios energéticos, se debe permitir que el titular de la instalación y el de la superficie donde esta sea ubicada puedan ser distintos.
Los periodos de compensación de saldos deben ser coincidentes con los de facturación (mensual).
Entre las propuestas también se encuentra la agilidad burocrática a la hora de tramitar la legalización de las instalaciones, esto es unificar los criterios administrativos de las Comunidades Autónomas y la creación de una ventanilla única.
Uno de los puntos que más incertidumbre están creando respecto a la futura normativa son los peajes que tendrán que pagar los consumidores del autoconsumo por el uso de las redes. En este punto los representantes del sector han sido tajantes en la rueda de prensa; el autoconsumo instantáneo debe estar exento del pago de peajes por el acceso a las redes, puesto que no se hace ningún uso de estas.
Pedro Gil señala que esta medida es inviable y va en contra de la libertad de los ciudadanos. Para ello utiliza un ejemplo muy ilustrativo de lo absurdo de la situación, “Es como pagar peajes por la generación de energía en las dinamos de las bicicletas o por utilizar la chimenea de una casa de campo”.
Respecto al uso de autoconsumo con vertido a red y balance neto, la plataforma aprueba la existencia de peajes pero solo se debe abonar lo correspondiente por el uso efectivo de las redes.
La plataforma también se ha manifestado en contra de las medidas adoptadas de nuevos peajes por la CNE (Comisión Nacional de Energía), en las que la parte fija de la tarifa asciende al 80%, dejando poco margen al consumo eléctrico realizado por el usuario, esto funcionaría como una tarifa plana, penalizando el ahorro, la eficiencia energética y el autoconsumo. El aumento de los peajes puede incidir de tal manera en las instalaciones de autoconsumo que haga que estas no sean rentables y no puedan llevarse a cabo, por lo que el aumento de estos funcionaría como medida disuasoria.
En definitiva, el nuevo mercado de autoconsumo con balance neto, bien regulado, puede aportar varias ventajas económicas y socio ambientales al país, como la contribución a la lucha contra el cambio climático, el uso más eficiente de las infraestructuras eléctricas, la mejora de la competitividad empresarial o el desarrollo tecnológico.
Este último punto es particularmente importante, por la estrecha relación de la generación distribuida con el desarrollo de redes inteligentes y de ciudades inteligentes. Una buena normativa sobre autoconsumo con balance neto permitiría realizar un despliegue rápido de tecnologías y situar al país en la vanguardia de una actividad de gran valor añadido e impulsar de nuevo la I+D, erradicada con las medidas de recortes aprobadas hasta el momento.
Además, el desarrollo del autoconsumo con balance neto permitiría el mantenimiento de cierta actividad en la industria renovable española, actualmente en proceso de descomposición por la moratoria en vigor al régimen de primas y los constantes y restrictivos cambios regulatorios.
Sobre la Plataforma
Los objetivos de la Plataforma por el Autoconsumo es obtener una uniformidad y claridad en los mensajes en materia de energías renovables ligados con la Generación Distribuida y el autoconsumo, tanto hacia la Sociedad en su conjunto como hacia los Órganos Legislativos, así como el aprovechamiento de los recursos humanos y materiales de todas las asociaciones, organizaciones y entidades miembros de la misma a favor de un desarrollo energético sostenible.
La Plataforma para el Impulso de la Generación Distribuida y el Autoconsumo Energético está formada por la Asociación Empresarial Eólica (AEE), la Asociación Española de Fabricantes de Bienes de Equipo (Sercobe), la Asociación de Instaladores Fotovoltaicos sobre Cubierta (AIFOC), la Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA), la Federación Nacional de Empresarios de Instalaciones Eléctricas y Telecomunicaciones de España (FENIE) y la Unión Española Fotovoltaica (UNEF). La Plataforma también cuenta con la participación de organizaciones como CENER, CIEMAT, Fundación Renovables, Greenpeace, IDAE, OCU, SEO y WWF.
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La coalición de organizaciones unidas por su oposición al desarrollo de infraestructuras de gas fósil, considera que los planes de la compañía están sobredimensionados y podrían generar importantes impactos ambientales, sociales y territoriales.
Se confirma el laudo del CIADI a favor de la compañía energética francesa rechazando el recurso del Reino que alegó incompetencia de Tribunales ajenos a la UE defendiendo que el derecho comunitario está por encima del Derecho Internacional.
