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Los productores fotovoltaicos de ANPIER, y el COAG aplauden la derogación del “impuesto al sol” y el fomento de la inversión en energías renovables.

8-10-18
Carlos Mateu
3445 Lectores
Los productores fotovoltaicos de ANPIER, y el COAG aplauden la derogación del “impuesto al sol” y el fomento de la inversión en energías renovables.
Se deroga el llamado “impuesto al sol” del RD 900/2015 que establecía dos tipos de instalación, como auto-consumidor o productor con autoconsumo, con sus vergonzantes e injustas cargas correspondientes,
  • Las aplicaciones de la energía fotovoltaica a nivel agrario permiten una disminución de los costes energéticos, un mayor control y seguimiento de los consumos propios, menos pérdidas de red y una reducción de la dependencia energética de fuentes contaminantes.

 

La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) y la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (ANPIER) se felicitan por la derogación del denominado “impuesto al sol”, aprobada por el Gobierno durante el Consejo de Ministros del pasado viernes. COAG y ANPIER consideran que este cambio de rumbo será muy beneficioso para la ciudadanía y, en especial, para las zonas rurales. En este sentido, la energía solar fotovoltaica presenta numerosas oportunidades para ser una fuente de generación accesible y social, por ser una tecnología de carácter modular, adaptable para ser desarrollada de forma colaborativa, y con costes de inversión cada vez más bajos. Esto permite la generación a más pequeña escala, con inversión de personas individuales, grupos o pequeñas y medianas empresas que generan y reparten los beneficios a nivel local.

Las aplicaciones de la fotovoltaica a nivel agrario son numerosas. Entre ellas se puede destacar su empleo para iluminación, cercas eléctricas, motores, ventiladores, bombeo de agua, regadío o recarga de baterías. Estas instalaciones permiten una disminución de los costes energéticos de las explotaciones, un mayor control y seguimiento de los consumos propios, se producen menos pérdidas de red y reducen la dependencia energética de fuentes contaminantes, ayudando a conseguir los objetivos de reducción de emisiones.

A pesar de estos beneficios, la implantación de energías renovables en las zonas rurales es aún lenta como consecuencia de las trabas administrativas y legales vigentes. En la mayoría de los casos se realizan instalaciones aisladas de la red, pero el desconocimiento general de la legislación a aplicar y la percepción de la sociedad de que el autoconsumo es ilegal, es un lastre para la inversión en fotovoltaica.

El autoconsumo conectado a red es una modalidad de generación distribuida y, en nuestro país, estaba regulado por el RD 900/2015, el llamado “impuesto al sol” que establecía dos tipos de instalación, como auto-consumidor o productor con autoconsumo, con sus respectivas cargas correspondientes, siendo la modalidad de productor con potencia mayor a 10kW la más restrictiva por pagar dos peajes de acceso a red. 

A pesar de las trabas impuestas, el autoconsumo es una inversión cada vez más rentable y con mayores perspectivas de futuro. Sin embargo, no hay que olvidar que no sólo es importante eliminar las trabas al autoconsumo, sino que la sociedad requiere seguridad jurídica y un apoyo decidido por parte de las instituciones públicas en el fomento de la producción de energías renovables por parte de la ciudadanía, de forma colectiva, a pequeña o gran escala y, en especial, en las zonas rurales por su capacidad para mantener población y generar empleo y riqueza.

Tras este avance, es de esperar que en breve se conozcan las medidas necesarias para recuperar la confianza y la estabilidad regulatoria en el sector de la generación renovable, puesto que decenas de miles de familias, un elevado porcentaje de ellas profesionales del sector agrario, están aún pendientes de un marco normativo que repare el daño que llevan soportado por los recortes retroactivos impuestos durante los últimos años. Un colectivo de pioneros de la generación fotovoltaica, que soporta mermas retroactivas de entre el 30% y el 50% de la tarifa que ofreció el Estado y motivó su esfuerzo inversor, y que espera que se cristalicen en breve las promesas de reparación de este Gobierno.

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