Sánchez Maldonado denuncia que el Real Decreto de autoconsumo fotovoltaico es restrictivo y gravoso.

En relación con la nueva normativa estatal de autoconsumo eléctrico, aprobada en Consejo de Ministros el pasado 9 de octubre, el Consejero de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta de Andalucía Sánchez Maldonado ha resaltado las restricciones que impone a los consumidores y los gravámenes sobre la electricidad que se produce con esta modalidad. Entre ellas destacan la obligación de pagar por cada kilovatio/hora de la electricidad que generan los paneles solares de autoconsumo, incluso aunque no salga al sistema eléctrico nacional.

En este sentido, Sánchez Maldonado ha recordado que en ninguna regulación internacional sobre esta materia existe una tasa parecida, que cambia las reglas del juego, lastra el desarrollo de las energías renovables y contribuye a agravar el continuo encarecimiento del precio de la electricidad, con el consiguiente perjuicio para las economías domésticas y empresariales. La norma supondrá asimismo un freno a los proyectos de nuevas instalaciones, el desmantelamiento de muchas de las que ya funcionan y la desconexión de la red por parte de los autoconsumidores, además de ser un obstáculo añadido al cumplimiento de los objetivos de reducción de CO2.

Las instalaciones de autoconsumo, principalmente con energía solar fotovoltaica y mini-aerogeneradores eólicos, proporcionan una mayor independencia de la red eléctrica y suponen una mayor eficiencia al reducir drásticamente las pérdidas en distribución. Además, contribuyen a reducir el gasto energético en los edificios.

A juicio de Sánchez Maldonado, esta regulación pretende mantener el actual ‘status quo’ del oligopolio eléctrico y paralizar el desarrollo de las energías renovables en España. El Real Decreto se suma a las distintas normas aprobadas por el Gobierno desde 2012 que han supuesto un freno a las renovables, entre ellas la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico, recurrida por la Junta.

Los cambios introducidos, con la consiguiente inseguridad jurídica, han afectado a decisiones que los promotores de renovables habían adoptado al amparo de otras reglas. Esta situación ha supuesto dejar en el aire más de 900 proyectos con unas inversiones totales de unos 12.000 millones de euros que, según cálculos de la Agencia Andaluza de la Energía, podrían haber generado más de 38.000 empleos directos y 4.000 MW adicionales de potencia. Las principales actividades perjudicadas son las vinculadas a la energía termosolar, que concentra en la comunidad autónoma el 43% de la potencia total instalada de España, y la biomasa, en la que Andalucía también es líder.