Se reserva una capacidad de 300 MW para pequeñas instalaciones fotovoltaicas de generación distribuida y propiedad local.
Anpier, la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica, valora que el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico haya programado una nueva subasta para el otorgamiento del Régimen Económico de Energías Renovables en la que se reserva una capacidad de 300 MW para pequeñas instalaciones fotovoltaicas de generación distribuida que tenga carácter local, de potencia igual o inferior a 5 MW y que conecten a la red de distribución a una tensión igual o inferior a 45 KV.
Anpier considera plenamente acertado establecer que las instalaciones adjudicatarias de esta reserva no puedan ser el resultado de la división artificial de iniciativas de potencia superior, ni encontrarse a una distancia inferior a 500 metros de otra instalación adjudicataria de esta misma reserva propiedad de la misma sociedad o grupo de sociedades. Una práctica que, por desgracia, ha sido habitual en el sector: grandes empresas que, para beneficiarse de las condiciones otorgadas a las pequeñas iniciativas, han fragmentado físicamente instalaciones para que no alcanzaran un determinado rango de potencia y jurídicamente la propiedad de éstas a través de sociedades instrumentales.
Recordemos que la primera subasta para el otorgamiento del Régimen Económico de Energías Renovables de este Gobierno, que se celebró el pasado 26 de enero de 2021, se adjudicaron un total de 3.034 MW que quedaron en manos de tan solo 32 empresas. La concentración de la propiedad de las instalaciones no supone necesariamente un descenso del precio de la electricidad; pero si extrae, y en la gran mayoría de los casos deslocaliza, los beneficios del sol y el suelo de nuestros territorios sin dejar valor en las comarcas.
La Propuesta de Resolución que define la subasta establece que al menos un 25% del capital social de las adjudicatarias de estas instalaciones deberá estar ostentado por un mínimo de cuatro titulares con domicilio fiscal situado a una distancia inferior a 20 kilómetros de la instalación. Consideramos que, para ampliar la concurrencia de pequeñas y medianas empresas, y las oportunidades que estas instalaciones ofrecen a las mismas, dentro del término “local” debe estar incluido toda la región o la comarca donde se encuentra la instalación, por lo que proponemos ampliar la distancia del domicilio fiscal de los socios hasta los 100 kilómetros de la instalación.
A este respecto, debemos indicar que las pequeñas instalaciones, además de captar el beneficio de la venta de energía entre las pymes de cada territorio, generan más empleo por cada MW instalado que los grandes parques, que suele ser de carácter local, tanto en la fase de construcción, como en la operación y el mantenimiento de estas instalaciones. No quedan ahí las ventajas de las instalaciones de potencia igual o inferior a 5 MW, estas instalaciones producen una energía que se absorbe en proximidad, por lo que no requieren las grandes infraestructuras ni soportan las pérdidas que acarrea el transporte de energía al que deben recurrir los mega parques, recordemos que tanto las grandes líneas de transporte, como las importantes pérdidas de energía que se producen en estos largos desplazamientos, engrosan la factura de la luz de los usuarios y saturan los nudos de evacuación. Además, el contar con un número significativo de instalaciones en cada comarca, otorga una firmeza superior a depender de uno o dos grandes instalaciones.
Por otra parte, no es desdeñable considerar el impacto medioambiental y visual que tienen los mega parques frente a las instalaciones pequeñas, que se asimilan mejor en el terreno, sin ocasionar grandes traumas para suelo, flora y fauna.
Al tratarse de la primera convocatoria para este tipo de iniciativas de pequeña dimensión, y dado el breve plazo de tiempo que va a transcurrir desde el anuncio de la subasta hasta su celebración, previsiblemente en menos de 90 días, este volumen de potencia parece adecuado; sin embargo, sería deseable que se incrementará en las siguientes convocatorias, se anunciara con un plazo mayor de tiempo y que se fomentará esta modalidad de productor -pyme o comunidad local- dadas las ventajas que ofrece en los territorios, a los entornos naturales, al propio sistema eléctrico y a la sociedad en general.
La fotovoltaica es la tecnología de generación de energía más eficiente y limpia que se conoce, capaz de producir energía eléctrica a poco más de 30 €/Mwh, dato que contrasta con los precios que se registran en el mercado eléctrico en estos días. Es oportuno recordar que sin el esfuerzo inversor que realizaron, precisamente pequeños productores fotovoltaicos, no contaríamos ahora con una tecnología suficientemente madura, capaza de ofrecernos soluciones energéticas que combatan el cambio climático sin menoscabo del bienestar económico y social. En España, esta labor fue emprendida por 65.000 familias fotovoltaicas, fundamentalmente desde 2007; sin embargo, este colectivo soporta recortes retroactivos draconianos de hasta el 50% de las retribuciones que se establecieron para motivar este gran esfuerzo inversor, cuyos resultados están ahora al servicio de toda la sociedad.
Tramita una puja de 3.300 MW eólicos y fotovoltaicos, establece una reserva de 600 MW para instalaciones que empiecen a operar en un plazo más reducido y otra reserva de 300 MW para instalaciones solares de generación distribuida con carácter local.
La no incorporación de tramos para la generación distribuida ha provocado que los 3.043 MW se hayan concentrado en sólo 32 adjudicatarios.
Necesitamos priorizar el autoconsumo y la generación distribuida y que las Comunidades Autónomas definan una zonificación socioeconómica y ambiental de aplicación obligatoria y vinculante.
La Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica celebró el pasado sábado 19 de junio la XII Asamblea general ordinaria de socios por vía telemática.
