Amep y la Alianza por el Autoconsumo promueven Manifiesto por un nuevo cambio retributivo a las distribuidoras eléctricas en favor de un nuevo modelo energético que fomente la expansión del autoconsumo individual y colectivo.
En los últimos años, el marco normativo europeo ha caminado hacia el empoderamiento ciudadano; la necesaria democratización de la energía. Un objetivo, el de hacer de la energía un derecho, que requiere también de herramientas que mejoren la confianza de los consumidores en el sector energético. Y es que, el tablero de juego ha cambiado, pero las normas siguen siendo las mismas de siempre. No se trata de señalar a nadie, pero sí de reclamar un cambio de paradigma que impulse un nuevo marco regulatorio que ponga, negro sobre blanco, las obligaciones que tienen las empresas distribuidoras para garantizar el despliegue del autoconsumo en España.
Desde que se logró derogar el perjudicial impuesto al sol, el autoconsumo ha experimentado una suerte de apogeo sin precedentes. Las cubiertas solares han crecido de manera exponencial y ya rozan los 7 GW de potencia instalada, pero en el último año ha habido un estancamiento debido a la mala praxis de las empresas distribuidoras.
Estas son las responsables de dar de alta nuevas instalaciones de autoconsumo a la red, pero están retrasando los trámites, en muchos casos incumpliendo los tiempos que dicta la ley. De esta forma, se lanza un mensaje inequívoco: quién quiera instalar paneles en su tejado o impulsar una red de autoconsumo colectivo tendrá que pelearlo con uñas y dientes.
Es importante, más allá de pulir la legislación actual y adecuar los protocolos de actuación, que se fomente la proactividad de las distribuidoras. En otras palabras, asegurar que quienes tienen la última palabra en la conexión de nuevas instalaciones de autoconsumo tengan la voluntad de fomentar la democratización de la energía
España vive inmersa en una revolución energética con puntos fuertes, como el peso mayoritario de las renovables en la generación de energía del país, pero también con áreas de mejora, como la electrificación del transporte o el desarrollo de baterías de almacenamiento que permitan ampliar los límites físicos de la electrificación de la economía.
Esa revolución, que no puede entenderse sin las ideas de descentralizar la energía y hacerla accesible a todas las capas ciudadanas, no puede darse de una forma estanca y compartimentada, al margen de cambios legislativos y normativos. De nada sirve fabricar baterías o instalar más puntos de carga para vehículos eléctricos, si no se cambia la forma de operar de las empresas distribuidoras de energía.
La CNMC sabe de ello y ha abierto un proceso de consulta pública en torno a cómo debe ser la retribución que perciben las distribuidoras para garantizar el suministro. En ese punto es donde se abre una oportunidad para garantizar que no hay más bloqueos al autoconsumo, pero tampoco al proceso de transición justa. Es necesario, de esta forma, que estas empresas reciban una retribución ajustada a los nuevos tiempos; que se cobre o se deje de cobrar en función de los nuevos servicios que deben prestar en la aceleración de la electrificación, distribuida, participada y democrática.
En abril, con 529.500 instalaciones y una potencia total de 6,3 GW, menos del 1 % correspondió a autoconsumos colectivos. Los trámites de conexión a red, la multiplicidad de interlocutores o la falta de homogeneidad en la información suponen barrera
Mientras el autoconsumo solar en vivienda individual ha crecido un 1200% en los últimos 5 años, el de vivienda colectiva, donde reside un 70,8% de la población española, es casi inexistente.
Según datos del sistema de información de puntos de suministro sips en junio 2024 recogidos en el informe de conclusiones de la mesa de diálogo del autoconsumo 535.745 puntos de suministro en España estaban acogidos a alguna modalidad de autoconsumo
