La oposición política solicita al Gobierno que liberalice el autoconsumo fotovoltaico.
La liberalización del autoconsumo de energía fotovoltaica en España fomentaría el ahorro energético y la competencia en el mercado eléctrico.
Un predicador estadounidense vende parcelas en el cielo a sus feligreses. Aquí en España, Industria y las Eléctricas han privatizado el Sol.
En un sentido contrario al seguido en Europa, se imponen trabas, sanciones y peajes, a quién genere electricidad fotovoltaica y la inyecte a la red en vez de recibir ganancias.
Pero además si la Policía sorprende a un ciudadano recogiendo fotones de luz solar para su propio consumo y sin pagar peaje, puede ser objeto de multa, como si de una droga se tratara.
El Gobierno ha decidido por decreto que el autoconsumo energético (producir la propia energía mediante paneles fotovoltaicos o mini-eólicos y consumirla en el momento), sea gravado para no perjudicar al sector eléctrico, subiendo de este modo la tarifa de quienes lo utilizan.
En caso de infracción, el productor o usuario de estas pequeñas instalaciones de energías renovables, se enfrentan al corte de suministro o a sanciones que llegan a los 30 millones de euros.
El decreto reserva al Gobierno la capacidad de subir o bajar la cuantía de este peaje dependiendo de cómo vaya la implantación de estos modelos de autogeneración eléctrica.
Desde 2011, estos últimos años producir la propia electricidad con paneles solares o molinillos se había convertido en una alternativa de ahorro muy interesante.
Se ha desarrollado un pequeño mercado de autoconsumo instantáneo, en el que se han integrado sobre todo industrias y comercios, que conseguían reducir sus facturas energéticas y mejorar su competitividad.
De este modo, el Gobierno impide el ahorro a los consumidores y paraliza la entrada de nueva competencia en el mercado eléctrico.
Aunque en España sea relativamente nuevo, el autoconsumo energético está más que consolidado en países como Estados Unidos (sobre todo en California) u Holanda.
Es el camino hacia el que se dirigen las políticas de la Unión Europea. Lo habitual en los países en los que se ha implantado es que se incentiven estas prácticas bonificando los peajes, permitiendo a los consumidores que viertan energía a la red y la recuperen cuando la necesiten u ofreciéndoles la posibilidad de venderla a la compañía eléctrica, algo que no ocurre en España.
Por todo ello, la oposición política formulan las siguientes preguntas:
1. ¿Por qué el Gobierno y las compañías eléctricas privatizan el Sol sin pedirle autorización?
2. ¿Por qué el Gobierno impone el pago de un peaje a los pequeños productores o consumidores de energía fotovoltaica para su propio consumo o la inyecte a la línea eléctrica, bajo amenaza de multa hasta 30.000 euros?
3. ¿Por qué el Gobierno con estas medidas proteccionistas de las compañías eléctricas va en sentido contrario al de las Directivas y políticas marcadas por la Unión Europea y países como Estados Unidos y Holanda en favor del ahorro energético y la competencia en el mercado eléctrico?
4. ¿Piensa el Gobierno revisar su política, con el fin de permitir y fomentar la producción y el autoconsumo de energía fotovoltaica en España, liberándola de restricciones innecesarias, peajes excesivos y sanciones exorbitantes?
De interés
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Nº Expediente
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