Los nuevos recortes alejan a la termosolar de la rentabilidad razonable establecida en la ley.

• Los ingresos de las plantas en la actualidad representan un 50% menos frente a los planes de negocio establecidos al inicio de su construcción.
• La singularidad de ciertas centrales termosolares no debería permitir otro estándar distinto a la inversión realmente efectuada

El nuevo sistema de retribución, aprobado a partir del Real Decreto (RD) y Orden Ministerial (OM) que lo desarrolla, consolida la situación de acumulación de recortes a la industria termosolar respecto a las condiciones que motivaron la inversión en las centrales y aleja a esta tecnología de la rentabilidad razonable establecida en la ley.

Los nuevos RD y OM introducen más recortes a la termosolar, esta vez del 15% de media y del 20% en el caso de las plantas que disponen de almacenamiento térmico.

En este contexto, los ingresos actuales de las plantas representan un recorte del 50% frente a los planes de negocio establecidos al inicio de la construcción de centrales termosolares en España.

La singularidad de ciertas centrales termosolares solo permite disponer de la inversión realizada y auditorías externas como baremos para determinar si pueden considerarse "empresa eficiente" y "bien gestionada", con lo que en estos casos, los estándares aprobados tampoco se corresponden con la inversión efectuada.

Estas medidas, nuevamente, comprometen la viabilidad de una industria en la que España es pionera y cercena sus posibilidades de abordar los mercados emergentes exteriores, así como la financiación del sector.   

Protermosolar lamenta que en las justificaciones dadas repetidamente por el Ministerio a los nuevos recortes se siga señalando a las renovables como las causantes del problema del déficit, olvidándose, entre otros muchos factores, de la sobre retribución de la que viene gozando la distribución en la última década, o de los beneficios que obtienen las nucleares e hidráulicas, que cobran su producción muy por encima de la llamada rentabilidad razonable a que se obliga a las renovables.