La imparable retroactividad atemoriza a los agricultores que inviertieron en fotovoltaica en España.

El sector agrario español ha remitido al Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, un escrito en el que le solicitan que su Ministerio asuma el protagonismo que le corresponde en la actual reforma del sector eléctrico y sea sensible con la situación de los miles de agricultores y ganaderos que realizaron inversiones en energía solar fotovoltaica como un complemento de renta que les permitiera mantenerse en sus zonas de residencia y que, sin embargo, ahora soportan drásticos recortes retroactivos, que ya no sólo han cuestionado la seguridad jurídica y la imagen de España en el exterior, sino que amenazan la propia supervivencia de miles de pequeños inversores rurales.

Más del 90% de la potencia de energía fotovoltaica está ubicada en entornos rurales, lo que ha contribuido a generar empleo y riqueza en muchas zonas desfavorecidas. La energía fotovoltaica ha sido hasta ahora complemento o alternativa de muchos agricultores y ganaderos al abandono de sus explotaciones agrarias; por lo que este tipo de generación, además de ser limpia, renovable y sostenible, fija población en estos entornos. 

Sin embargo, el rosario de disposiciones retroactivas que emite el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, han colocado a 40.000 familias productoras de energía fotovoltaica que habitan en poblaciones de menos de 3.000 habitantes al borde de la quiebra y sin actividades productiva que les reporte unas rentas mínimas suficientes para afrontar sus pagos.

El primer objetivo de la Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural es “Mantener y ampliar la base económica del medio rural mediante la preservación de actividades competitivas y multifuncionales, y la diversificación de su economía con la incorporación de nuevas actividades compatibles con un desarrollo sostenible”, Ley que, en su artículo 24, establecía la necesidad de potenciar el desarrollo e implantación de las energías renovables. En este sentido, también es obligado subrayar que una de las primeras funciones que tiene encomendada la Secretaría de Estado de Medio Ambiente es el fomento del uso de tecnologías limpias.
 
También, conviene tener presente que el Eurobarómetro publicó en enero los resultados de una consulta realizada a 25.525 ciudadanos de la Unión, en ella se constata que el 70% de los europeos quieren se prioricen las energías renovables en sus respectivos países, un dato que en el caso de España, supera ampliamente la media europea: el 81% de los españoles reclama un nuevo modelo energético basado en el uso de energías renovables.