La Asociación inicia actuaciones ante la Comisión Europea por vulneración del Derecho Comunitario por parte del Reino de España. Reconoce una mejor receptividad de la Secretaría de Estado de Energía y expresa su voluntad de llegar a acuerdos.
La Asociación Española de la Industria Solar Termoeléctrica (Protermosolar) ha iniciado un procedimiento para que la Comisión Europea instruya un expediente de infracción al Reino de España por vulneración del Derecho Comunitario por las últimas modificaciones normativas del sector energético español, recogidas en la Ley 15/2012, el Real Decreto Ley 2/2013 y la Orden Ministerial IET/221/2013.
Los recientes cambios regulatorios a los que ha estado sometida esta tecnología han representado una vulneración de los principios de confianza legítima y de no discriminación, quebrantando los principios de rentabilidad razonable y de seguridad jurídica, al haber supuesto un recorte del 37% en los ingresos del sector termosolar respecto a las condiciones en que fueron decididas las inversiones.
La decisión de iniciar el procedimiento ante Bruselas ha sido tomada por la Junta General de Protermosolar, que ha encontrado los suficientes elementos objetivos para poner en marcha un proceso, que abordará tanto aspectos específicos de la propia tecnología termosolar, como del sector renovable en general. Esta iniciativa también cuenta con el apoyo de la Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA).
Protermosolar reconoce que, ante la inminente próxima reforma del sector, el Ministerio de Industria ha recibido información detallada por parte de la Asociación y de sus empresas y que, por primera vez, ha observado cierta receptividad a los datos y argumentos del sector termosolar que, siendo la tecnología que menos primas ha recibido hasta ahora y que menos recibirá en el futuro -a mucha distancia de las 3 primeras- ha sido el más castigado con las recientes medidas legislativas hasta un nivel que no puede ser asumido por los proyectos.
Protermosolar quiere poner de manifiesto su total disposición a llegar a acuerdos con el Ministerio en la búsqueda de una solución adecuada a la situación de cada uno de los agentes del sistema eléctrico, que reduzca y palie el déficit de tarifa, pero que a su vez permita la continuidad de una industria clave para el desarrollo socio económico del país.
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