La Reforma energética del Gobierno español.

Tanto ciudadanos, como empresas y profesionales del sector eléctrico se muestran expectantes ante lo que el Gobierno decidirá en su próxima reforma energética que se aprobará muy probablemente en los próximos Consejos de Ministros.

Con una serie de medidas y un conjunto de reformas el Gobierno quiere lograr en España  un sistema eléctrico sostenible para acabar con el déficit de tarifa que ya roza los 25.000 millones de euros. Lo que está claro es que si el Gobierno se dedica a subir el precio de la Luz y a frenar las renovables estará creando  otros problemas mucho más graves que el de la deuda de los ciudadanos con las eléctricas.

Lo que ya es una realidad es que las inflacionistas subastas de la CESUR provocarán otra subida de la Tarifa de Último Recurso (TUR) de la luz del 4%. El sector de las energías renovables cada vez se encuentra más cercano a la Paridad de Red, ya que mientras el coste de la producción de las fósiles continúa aumentando, el de las renovables -a pesar de la impuesta moratoria española- es cada vez más bajo. Esa es la realidad, y así lo hemos venido hasta la fecha narrando.

Ya en marzo el precio de la luz se incrementó en un 7%, y los peajes en un 23% en base al mandato judicial del Tribunal Supremo para garantizar así el equilibrio entre costes e ingresos.

Se espera que el Oligopolio eléctrico -Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, HC y E.ON-, con esta espectacular nueva subida del precio de la Luz mantengan como cada año sus inquietantes beneficios.
Entre los aspectos que contendrá la reforma energética se barajan los siguientes:

- Aplicación de una tasa a la generación eléctrica que afectaría a todas las tecnologías del régimen ordinario y especial. En el caso de las renovables ello chocaría frontalmente con el espíritu del legislador ya que si se quieren potenciar éstas con tarifas reguladas, ayudas o subvenciones es un sin sentido imponerlas por otro lado una tasa.
Dicha tasa debería ser de aplicación únicamente a las tecnologías contaminantes, no a las que reducen las emisiones nocivas como la eólica y la fotovoltaica.

- Implementación del céntimo verde o tasa sobre el consumo de los carburantes y que podría incrementar el precio de estos hasta 3 céntimos más. Según el Ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro se trata de un efecto impositivo sobre el aspecto ambiental que entronca con los objetivos que persigue la Directiva comunitaria del 20/20/20. Como vemos, algo incoherente ya que con tanto efecto retroactivo y tanta moratoria desprevenida muy difícilmente pueden seguir vendiendo esta idea nuestros políticos a los profesionales del sector renovables, que se sienten engañados, estafados, insultados, y se ven en sede judicial defendiendo los derechos más constitucionales y más elementales.

- Incrementar el Impuesto de la electricidad. Según la ley 38/1992 sobre impuestos especiales, todas aquellas instalaciones dedicadas a la producción de electricidad están obligadas a pagar el denominado Impuesto sobre la electricidad, que actualmente asciende a un 4,864 % sobre la producción total.
Las instalaciones fotovoltaicas, en su gran mayoría, no están amortizadas.
El hecho de que se reduzca aún más su capacidad de amortización incrementará sin duda el riesgo de la inversión.

 Si a la reducción de las horas de producción solar (RDL 14/2010) y a la supresión de años de producción (RD 1565/2010), le sumamos estas nuevas medidas impositivas fruto de un País de excesivo riesgo regulatorio, el sector no podrá soportar nuevos recortes para recuperar su inversión.

Este incremento del Impuesto sobre la generación de energía eléctrica que beneficiará sin duda a las Comunidades Autónomas  perjudicará tan sólo - como siempre- a las renovables ya que las tecnologías del régimen ordinario repercutirán a los consumidores este impuesto en la factura eléctrica, pero las del régimen especial ¿a quién se lo pueden repercutir?

- Nuevo recorte a las primas de las plantas de energía termosolar, por recomendación del último Informe de la CNE sobre el déficit de tarifa.

Los más perjudicados como siempre los profesionales del sector renovables y los consumidores. Por tanto, el empleo y la economía española.

EL ANTES....

EL DESPÚES...