La rentabilidad de una política energética depende de muchos factores. Trataremos de explicar en que pilares se ha de sustentar ésta para el éxito de la misma.
Según Solar Alliance, -la agrupación de las principales empresas de toda la cadena de energía solar de EEUU-, existen 4 “pilares” para que una política renovable sea rentable: Incentivos, balance neto, interconexión y cambios en las tarifas e ingresos de las compañías.
- Con incentivos se refiere a cualquiera de las políticas ya descritas más arriba, como el sistema de cuotas o las rebajas fiscales. Como se ha explicado, estas medidas pueden ser complementarias al sistema de medición neta. El mayor incentivo debe venir del propio ahorro (coste evitado) que el consumidor/productor consigue con la instalación.
En cualquier caso, un factor fundamental es el acceso a crédito. Si no existiera una fuente de acceso a crédito para los emprendedores, es absolutamente fundamental que se facilite este acceso, por ejemplo creando una agencia estatal, pues sin créditos las instalaciones se limitarían a hacerlas los propietarios de capital y la política sería un fracaso tanto en cuanto a instalación de kW como en implicación de la sociedad. En cualquier caso, que exista este crédito a un precio razonable no debería ser muy difícil, pues al nivel de costes explicado en el epígrafe x, el riesgo es el mismo o menor que el que alguien deje de pagar la factura de la electricidad.
Por otro lado, para sobreponerse a la posibilidad de un entramado de leyes que mezclen el balance neto con otros tipos de incentivos, es muy útil la creación de un documento o una única página web que explique claramente cada política, como se ha tratado de hacer en EEUU. Esta página debe ser fácil de entender para todo el mundo, al mismo tiempo que de acceso de forma gratuita a todos los documentos legislativos. Esto es lo contrario de lo que ocurre en Italia, donde la página de referencia no explica nada y cobra por acceder a la regulación.
- La interconexión (entre productor/consumidor y la compañía eléctrica) es un tema importante tanto para políticas de Tarifas Reguladas como de balance neto. A continuación se resumen las recomendaciones para sistemas de balance neto.
En los modelos de tarifas reguladas suele haber una regulación clara sobre los límites de potencia, estos límites pueden obviarse salvo para grandes instalaciones, pues no suponen un problema para la red. Según Rose et al. (2009), y Jiménez (2011), para una máxima eficiencia no deben ponerse límites a los particulares.
Solar Alliance (2011) recomienda: que se cobren tasas progresivas, es decir, mayores cuanto más grande sea la instalación; no poner límites de potencia, pues un gran consumidor (como un centro comercial) puede producir y absorber mucha energía durante el día sin que el sistema lo note; no exigir muchas normas técnicas para las instalaciones residenciales (más pequeñas); estandarizar y simplificar los procedimientos y resolver rápidamente las solicitudes.
Estas recomendaciones coinciden con otros análisis (Electrical Safety Authority (2008), American Solar Energy Society (2009)75 que buscan, en general, proteger al pequeño consumidor del exceso de burocracia que pueda aumentar sus costes de transacción. En cualquier caso, cada entorno tiene sus particularidades. En el caso español, donde existe un sistema de Régimen Especial para tecnologías primadas con tarifas reguladas, debe estar claro, según Montoya, C. (2011:10) que el sistema de balance neto es un modelo diferente, en el que los usuarios adquieran un estatus legal de “autoproductores” o permanezcan como consumidores, y no generadores o empresarios (pues no buscan el lucro sino el ahorro) de cara a trámites oficiales. Esto disminuiría los requisitos administrativos a los usuarios, ya que actualmente dentro del Régimen Especial son altos y complicados, debido a razones de tensión de la red y posibilidad de fraude no aplicables a un sistema de balance neto. En este sentido, Mingo, L. (2011:10-11), refiriéndose al caso español, señala que no son necesarios requisitos como la exigencia de un aval, ni registros de pre-asignación como los que existen en las tarifas reguladas, y que de hecho para instalaciones de pequeña potencia ni siquiera hace falta una autorización administrativa previa. Además, destaca que los trámites y costes de conexión han de ser breves y reducidos. El modelo español de tarifas reguladas otorga otro caso de mala práctica regulatoria especialmente significativa: la exigencia de la firma de un ingeniero incluso para las instalaciones pequeñas. Una instalación solar fotovoltaica es más sencilla desde el punto de vista de la seguridad que la instalación eléctrica de una casa. Para la segunda el único requisito legal en España es que el instalador tenga el título de electricista. De este modo, para pequeñas instalaciones residenciales con balance neto, la exigencia de un ingeniero que avale el proyecto es totalmente innecesaria y puede encarecer el coste de los proyectos de forma abultada.
Sin embargo, la experiencia demuestra que las trabas no las pone solamente el regulador. En este sentido, Rose, J., et al. (2009) señalan que las compañías no permiten fácilmente la instalación de puntos de generación, por lo que el legislador debe vigilar a las compañías para que: no impongan excesivas tasas y comisiones por el acceso a la red; no exijan requisitos innecesarios de seguridad; cambien requisitos técnicos de conexión según el lugar o cada cierto tiempo; o exijan más seguros para la instalación de los que requiere la regulación.
Es muy importante para el regulador entender que una política renovable de balance neto, al mismo tiempo que puede favorecer a la sociedad, puede ir irremediablemente en contra de los intereses de las grandes compañías eléctricas, pues les resta cuota de mercado. Máxime en el caso de que sean compañías privadas, como ocurre en Perú y en España.
Como indican Rose, J,. et al. (2009:10): ―Commissions that accept to balance utility concerns with customer interests can result in a program that is at odds with state legislators intent, potentially undermining the state’s renewable energy goals‖. Newton, M. et al. (2007) resaltan la importancia de la buena voluntad por parte de la compañía para de cara a los trámites y tiempos de conexión a red. Esto es así, remarca, porque la compañía es un monopolio/oligopolio natural para el que el productor no tiene alternativas.
A este respecto, que la regulación sea uniforme, inteligible y totalmente accesible a los usuarios es fundamental. Y puesto que la “buena voluntad” no siempre existirá por parte de empresas que por su naturaleza no están concebidas para tenerla. De esta manera, el Estado debe estar atento en responder a las reclamaciones de usuarios, recomiendan también Newton et Alli, para hacer cumplir los reglamentos que puedan evitar subterfugios por parte de las empresas en todo lo relativo a la interconexión a red. En cualquier caso, en el epígrafe 6 se analiza la cuestión de las conexiones entre los actores con más detalle.
En definitiva, la interconexión para medición neta es una cosa muy sencilla, especialmente en el sector residencial, y lo que debe tratar de promoverse no es más que mantener esa sencillez, evitando trámites burocráticos innecesarios y costes injustos para los usuarios, ya sean impuestos por compañías eléctricas o por la propia regulación.
- Respecto al propio sistema de balance neto en sí (es decir, la gestión de los pagos según producción y consumo del usuario), Solar Alliance recomienda que no se hagan pagar tasas extras; que se instale el mecanismo de créditos en kW o “rollover” dentro de un modelo de balance neto anual y que la regulación esté diseñada de modo que los productores sólo busquen cancelar su consumo, no obtener un dinero extra.
Esto se conseguiría, añaden, cancelando anualmente los créditos y pagando el excedente al precio al por mayor. El modelo norteamericano de créditos en forma de kW es el que mejores resultados ha dado allí donde se ha llegado a la paridad de red, y realmente es un método sencillo que no necesita cambiar el modelo mensual de facturación y que otorga seguridad al productor/consumidor, al compensar perfectamente la estacionalidad e intermitencia de la energía solar, propósito principal de la regulación con balance neto. Por otro lado, compensar el excedente de generación al precio al por mayor es justo para las dos partes (compañía eléctrica y usuario) y permite que el productor no se exceda en su producción más allá de equipararlo con el consumo, salvo por motivos no económicos, pues perdería dinero.
Se puede en este sentido caer en la tentación de exigir el pago del excedente al precio final (modelo 1) subvencionando el sobrecoste, como incentivo para que se instalen más kW. Esto podría ser un error, pues se vincularía la política de balance neto a algo costoso para el Estado, cuando no tiene porqué serlo, además de complicar la regulación en un ámbito en el que es importante que sea muy sencilla para poder implicar a la mayor cantidad de actores posible. Además, como se indica más arriba, cualquier incentivo económico puede desarrollarse añadido, y no integrado a la regulación de balance neto, de modo que no haga falta cancelar esta política si en un momento dado se decide políticamente por cualquier razón cancelar el pago de los incentivos.
- Cambios en las tarifas e ingresos de las compañías: Este “pilar” propuesto por Solar Alliance en realidad son dos:
El primero puede ser muy útil para aumentar la eficiencia del sistema de balance neto. Consiste en adecuar las tarifas finales que todos los consumidores pagan por la electricidad a los picos y valles de demanda. Puesto que en la mayoría de los lugares existe un pico por el día debido a la industria (que es cuando producen energía los paneles), si esto se refleja en la tarifa puede aumentar considerablemente el rendimiento económico de una instalación solar, haciendo que sea rentable para el mismo consumo una instalación más pequeña y por tanto más barata que la que se necesitaría si los precios fueran planos. La existencia de este régimen tarifario en California es lo que ha permitido que se alcanzara la paridad de red antes que en ningún otro estado no insular de EEUU76. Sin embargo, no sólo ajustar las tarifas a los precios de generación es útil. Para hacer más justa la competición entre el coste de la instalación solar y el coste general de la electricidad también es muy útil eliminar subsidios a la generación con los combustibles fósiles o energía nuclear si hubiere, y/o, en el caso de que el precio de la electricidad esté regulado, subirlo hasta reflejar las externalidades negativas asociadas al consumo de energía convencional.
El segundo se refiere a desacoplar los beneficios de una compañía de sus ingresos. Es decir, crear fórmulas para que la compañía obtenga beneficios aunque deje de tener ingresos por los pagos usuales de los usuarios que ahora se producen su propia electricidad. Esto se presenta como una forma de evitar el conflicto de intereses mencionado más arriba y que provoca que las compañías pongan trabas a la ley. El problema es que esta medida no es equitativa, pues la empresa obtiene beneficios extraordinarios (windfall profits), beneficios que suponen un coste para el Estado o un sobrecoste a la factura de la electricidad de los ciudadanos; y además puede dañar la imagen de las fuentes renovables al hacerlas parecer más costosas de lo que son. Por lo tanto, puede ser más justas y efectivas otras medidas, como controlar a la compañía, mediante inspecciones y atendiendo a las demandas de usuarios, como recomiendan Rose, J. et al (2009:8-10).
Junto con Grupo MET, ECODES lanza la primera edición de los Premios Green CommYOUnity, que repartirán 25 000 euros entre las dos propuestas ganadoras.
Los proyectos deberán cumplir requisitos mínimos de creación de empleo y autoconsumo proporcionales a la capacidad de acceso solicitada; por ejemplo, cada MW de capacidad de acceso debe traducirse en la instalación de 2 kW de autoconsumo.
