«Cuerda al cuello» a la fotovoltaica.

En su intervención en la sesión de apertura de las XXVI Jornadas del Círculo de Economía en Sitges (Barcelona), el ministro de Industria, Turismo y Comercio, Miguel Sebastián, en referencia a las energías renovables, decía: “No es razonable que todos los sectores tengan que ajustarse excepto uno”  “Si los ciudadanos han de apretarse el cinturón, no veo por qué las energías renovables no van a hacer lo mismo”.

Muy razonables sus declaraciones si no fuera porque parte de una premisa falsa.  En su opinión, manifestada en estas declaraciones, se está produciendo un esfuerzo y ajuste equitativo de todos los sectores productivos y de la sociedad en su conjunto al efecto de solventar la situación económica del país.

Esa premisa es falsa porque las medidas adoptadas por el momento consisten en un recorte medio del 5 % del salario de los funcionarios y una congelación de determinadas pensiones.  Sin embargo y, por los escasos datos que se han dado a conocer, se pide a las renovables un ajuste de entre el 25 y el 40 %, sacrificio que no se ha pedido en términos generales a otros sectores productivos, empresas o familias. 
Con esta medida se vulnera el principio de igualdad ante las cargas públicas.

En relación con el origen del principio de igualdad no cabe duda sobre su consagración constitucional no sólo en el marco general del artículo 14 a propósito de la igualdad ante y en la ley y de la igualdad sobre la aplicación de la ley, sino también en los marcos más particulares del artículo 138, sobre el principio de solidaridad respecto a la organización del Estado.

El Tribunal Constitucional ha establecido que “lo que prohíbe el principio de igualdad jurídica es la discriminación... es decir que la desigualdad de tratamiento legal sea injustificada por no ser razonable”. A los efectos de admitir excepciones al principio, el Tribunal ha admitido la necesidad de que el tratamiento desigual resulte justificado.

Sin embargo, el interés público que justifica una ley no justifica por sí solo la lesión o privación de derechos de unos pocos. El término exacto que define la propuesta ministerial es despojo, es decir, la privación o minoración por ley de cualquier derecho con contenido patrimonial que, para tener cabida en nuestro sistema legal, debe ir acompañada de la correspondiente compensación.

Mediante el plan de ajuste a las renovables, los perjuicios se concentran de manera especial y grave en unos pocos, dado que la carga pasa de ser general a ser singular.  Como la ley perjudica a un colectivo determinado, situándolo en desventaja y lesionando su patrimonio, estaríamos ante un  puro y simple problema de igualdad en la ley, de clara desigualdad en este caso, siendo evidente que la infracción de tal principio puede dar lugar a la declaración de inconstitucionalidad de la Ley.

Pretender facilitar la recuperación económica de la industria y familias españolas reduciendo sus costes energéticos y cargando tal partida a los productores del régimen especial,  sin que medie compensación alguna, constituye notoria discriminación.  Ni siquiera se plantea un reparto equitativo de tal sacrificio entre todos los partícipes del sector eléctrico, incluyendo por lo tanto al régimen ordinario en el que se concentran los mayores costes de tal sistema.  Por el contrario, se opta por cargar enteramente el sacrificio sobre las espaldas de las energías renovables en una sinrazón que desprecia, como si no existieran, todas las ineficiencias y excesos de retribución repartidas por el sector eléctrico y, en especial, en las centrales nucleares o hidroeléctricas.

Cabría en consecuencia preguntarle al Ministro por qué opta por concentrar su ajuste en la parte minoritaria del sector eléctrico o por qué si los ajustes son, como máximo, del 15 % se opta por un 25-40 % en el caso de las renovables.  Eso es mucho más que un simple apriete de cinturón, es una cuerda en el cuello que amenaza la supervivencia misma del sector.