Los proyectos piloto permitirán probar iniciativas de flexibilidad, gestión de la demanda, almacenamiento y mercados y comunidades energéticas, entre otras.
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha lanzado la consulta pública previa a la elaboración de un real decreto de innovación regulatoria en el ámbito del sector eléctrico que tendrá como objetivo el fomento de la I+D+i gracias a proyectos piloto desarrollados bajo convocatoria y sujetos a normas especiales. En estos bancos de prueba regulatorios –sandboxes en inglés– los proyectos podrán materializarse con excepciones a la legislación general, al objeto de comprobar su desempeño y su eficacia sin alterar el funcionamiento ni la sostenibilidad económica y financiera del sistema eléctrico.
El sector eléctrico está sumido en una transformación que precisará de numerosas modificaciones regulatorias para acometer con éxito la transición energética. Este cambio profundo, enfocado en la descarbonización, exige una I+D+i potente, que aporte soluciones rápidamente, pero no siempre resulta posible porque los proyectos innovadores encuentran barreras regulatorias que impiden probar prototipos y modelos para determinar si puede ser útil modificar la regulación general, o el funcionamiento y la utilidad de un determinado modelo o tecnología.
Para solventar esta carencia, el Real Decreto-ley 23/2020, habilitó al Gobierno a establecer bancos de pruebas regulatorios para introducir novedades, excepciones o salvaguardias regulatorias que contribuyan a facilitar la investigación e innovación en el ámbito del sector eléctrico. Gracias a estos sandboxes para proyectos piloto, podrán probarse iniciativas relativas a la flexibilidad, la gestión de la demanda, la digitalización, el almacenamiento, los mercados y las comunidades energéticas, o cualesquiera otras que surjan en el proceso de transición.
Concretamente, cuatro son los objetivos que perseguirá el futuro real decreto: facilitar la investigación e innovación en el ámbito del sector eléctrico; fomentar el aprendizaje regulatorio y la mejora de la regulación; contribuir a alcanzar los objetivos de energía, clima y sostenibilidad ambiental; y cumplir los objetivos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).
La implantación de bancos de prueba regulatorios está recogida en el Componente 8 del PRTR, relativo a infraestructuras eléctricas, promoción de redes inteligentes y despliegue de la flexibilidad y el almacenamiento, que incluye un apartado específico –el C8.R4– dedicado a los sandboxes.
La consulta pública plantea una serie de cuestiones que persiguen aumentar el conocimiento sobre las barreras y riesgos que afrontan los proyectos innovadores, los ámbitos más relevantes, el tipo de iniciativas susceptibles de probarse en los entornos controlados, sus magnitudes económicas, los resultados esperados…
El plazo para presentar alegaciones está abierto hasta el 15 de septiembre. Toda la información relativa a la consulta se encuentra disponible aquí.
El Ejecutivo habilitará al menos 200 millones de euros para I+D de 2021 a 2023 para reforzar las plataformas de ensayo existentes y ofrecer los mejores y más rápidos bancos de prueba de nuevas tecnologías.
Cinco mesas que también han analizado la importancia de la digitalización y la inversión en I+D+i, además de la necesaria adaptabilidad y optimización de la regulación de acceso y conexión y de la tecnología de almacenamiento.
Estas comunidades de energía podrían generar 148.610 GWh para 2030 lo que supondría un ahorro de más de 17 millones de toneladas de CO2 equivalente al año.
