Pese a la jugada para evitar el alud de arbitrajes europeos, el Ciadi del Banco Mundial da la razón al fondo de inversión estatal de Abu Dabi.
Vuelve a perder España en el 5º laudo por el recorte a las renovables, esta vez 64,5 millones de euros por haber variado unilateral y retroactivamente el régimen de retribuciones a las energías limpias.
No obstante, el gobierno español se ha mostrado muy satisfecho por la labor de la Abogacía del Estado que ha logrado que no sea reconocida la demanda en su totalidad, que ascendía a 165 millones de euros, así como por conseguir compartir los gastos del proceso.
Así,el laudo excluye como recorte el 7% que supone el impuesto sobre la generación y solo considera una vida útil de la planta de 25 años, en contraposición a los 40 que reclamaba el fondo propietario.
En este caso se ventilaba demanda interpuesta en el año 2014 por el fondo de inversión Masdar y referida a planta termosolar Gemasolar en Fuentes de Andalucía, provincia de Sevilla.
Dicha planta fue inaugurada en 2011 por el entonces Rey Juan Carlos I y el príncipe de Abu Dabi Sheikh Mohammed bin Zayed al Nahyan; y anunciada a bombo y platillo como hito de innovación, modelo de inversión y confianza internacional.
Foto: inauguración en Ayuntamiento de Fuentes de Andalucía
El conflicto suscitado, también supone una mancha en la impecable relación con Abu Dabi, emirato propietario del fondo soberano; que a través de otros vehículos de inversión mantiene altos intereses en España, donde por ejemplo es propietario de Cepsa.
Este laudo del Ciadi supone el primero en llegar tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que protegía al Reino español ante arbitrajes de perjudicados en el territorio comunitario, además del rechazo de los Tribunales españoles a reconocer a los propietarios domésticos los mismos derechos que ahora la Justicia internacional consagra para los inversores internacionales.
Mientras, quedan vivas reclamaciones que ascienden a 7.500 millones de euros, producto de una nefasta gestión que ensombrece el país como destinatario de inversiones con la necesaria seguridad jurídica, manchando deliberadamente la reputación del sector solar español y eclipsándolo con etiqueta de la marca EngaÑa.
ANPIER pide a M.Rajoy una solución que restaure el daño causado al sector fotovoltaico, donde los pequeños productores soportan situaciones más graves que los grandes fondos sin poder acudir a la justicia internacional.
El Gobierno estima que el resultado de este laudo no puede ser extrapolado ni constituir un precedente vinculante. Según el Gobierno, el laudo no cuestiona la reforma eléctrica llevada a cabo por el Gobierno en 2013 y 2014.
¿Se puede mostrar la situación que soportan decenas de miles de familias fotovoltaicas españolas en 25 segundos?
