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Daño reputacional de Macroinstalaciones salvajes, oligopolio de conexiones, inseguridad jurídica: los enemigos impunes del autoconsumo.

Inauguración de las Jornadas ‘Camino del Sol 2024’ impulsadas por ANPIER reiterando el compromiso de la Diputación de Albacete para avanzar en la transición energética, así como en el impulso a las energías renovables y en el fomento del autoconsumo

La Guía promocionada «5 pasos para convertirse en autoconsumidor» reproduce idéntico esquema de su otra célebre por ruinosa «El Sol puede ser tuyo», de 2005; asegurando expectativas de beneficios sin riesgo para incentivar la inversión de familias

El Tribunal de Apelaciones de Columbia, EE.UU. reconoce el derecho de España a litigar en Países Bajos y Luxemburgo, anulando las medidas cautelares solicitadas.

El arbitraje de NextEra, que asciende a 300 millones €, ha llevado a los tribunales británicos a emitir esta decisión. Los fondos que litigan contra España han solicitado una solución negociada al Gobierno español para resolver esta controversia.

Mientras se confirma el milagro renovable y los inversores internacionales celebran sus victorias jurídicas contra la Retrovoltaica, los sucesivos gobiernos se desentienden de 65.000 pioneros autóctonos esquilmados desde hace más de una década.

En el curso de la comparecencia ante la prensa tras la celebración de la III Conferencia sobre Energía Renovable, Seguridad Jurídica e Inversión, en Madrid, se apunta a negociar la reinversión de indemnizaciones debidas por España.

Se confirma el laudo del CIADI a favor de la compañía energética francesa rechazando el recurso del Reino que alegó incompetencia de Tribunales ajenos a la UE defendiendo que el derecho comunitario está por encima del Derecho Internacional.

La compañia RWE, ganadora del laudo por el recorte expropiatorio de las renovables , exigirá la traba de bienes del Reino en USA para cobrar sus 28 Millones de Euros.

El caso de arbitraje entre RWE y España, que se inició en diciembre de 2014, ha sido objeto de atención internacional. La sentencia original, publicada en 2019, impuso a España el pago de 28 millones de euros en compensación por cambios legislativos