El informe de CECU en colaboración con ECODES examina los datos obtenidos de una encuesta y ofrece un análisis de la situación social de los arrendamientos, abordando tipología de contratos, condiciones de viviendas, consumos y eficiencia energética
Las iniciativas seleccionadas incluyen la adquisición de 6.268 vehículos eléctricos –de ciclomotores a furgonetas– y la instalación de 1.333 puntos de recarga corporativos
El TEDH estima por mayoría de votos que se ha producido una violación del artículo 8 (derecho al respeto de la vida privada y familiar) y, por unanimidad, que había habido una violación del artículo 6.1 (acceso a los tribunales).
El sector fotovoltaico nacional, reunido en la IV Cumbre de Autoconsumo, reitera la necesidad de que instituciones públicas, de la mano de empresas y agentes sociales tracen una nueva hoja de ruta basada en el aprendizaje de los últimos años.
Reflexión para incluir hasta el 30% de la valoración de los componentes que se tienen en cuenta a la hora de adjudicar las subastas de renovables a criterios socioeconómicos y ambiental, ajenos a la referencia de precio.
Las instalaciones residenciales de autoconsumo se han disparado en toda la UE, pero muchos Estados miembros carecen aún de una estrategia definida, capacidad de red y de mano de obra cualificada para satisfacer la demanda.
Camuflados de verde, los monstruos líderes en quema de gas y fósiles se denuncian por Greenwashing para el título de +Sostenible haciendo ostentación de su posición, más dominante tras ruina inducida a más de 60.000 familias pioneras renovables.
Los cambios que se realicen antes de 2030 serán cruciales para sentar las bases de una transición hacia el objetivo a largo plazo de emisiones netas cero.
Nos preocupa la actual agenda de transición energética que, lejos de responder a las actuales urgencias, profundiza en los mismos mecanismos que nos han llevado a esta crisis ecológica y social. El manifiesto está disponible en la web para firmar.
La nueva directiva, aprobada el 12 de marzo afecta a todos los Estados Miembros de la UE, que están obligados a incorporar sus disposiciones en sus respectivos ordenamientos jurídicos nacionales en un plazo máximo de 24 meses.
