El impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica del 7%, que se aprobó el Día de los Inocentes del 2012 minorando los ingresos de los productores fotovoltaicos, ahora está suponiendo cargos que representan hasta el 10%.
L@s afectad@s dan por seguro que España acabará haciendo el pago a los Fondos internacionales, desencadenando con ello una ola de indignación por agravio hacia las 65.000 familias nacionales y votantes discriminad@s.
Deterioro de confianza inversora al ir haciéndose públicos nuevos varapalos de los Tribunales Internacionales por irrazonable, contraria al interés público o desproporcionada la modificación drástica de retribuciones a las renovables.
SueloSolar agradece la confianza recibida y redoblará esfuerzos en la lucha para que España aplique a su ordenamiento jurídico iguales criterios que el Banco Mundial y restituya la seguridad jurídica a l@s pioner@s nacionales entusiastas defraudad@s
Sin contar costas, gastos judiciales ni intereses, el Estado suma y sigue contratando abogados internacionales para pleitear en el seno de Tribunales que, cuando se trata de pagar, considera ilegítimos.
Repasamos la cronología de los hechos por los que se multiplican las condenas al país en los Tribunales internacionales, los motivos de su morosidad para indemnizar a inversores perjudicados de las renovables y sus secuelas.
Tras las trabas del Instituto Cervantes, Falcon y el default instado para Bonos del Estado por diversos Tribunales internacionales, la tilde de la ñ -cual captador solar de la letra n- camina hacia el destierro de los teclados globales.
La iniciativa solicita apoyos para impulsar acciones que depuren responsabilidades y restablezcan la seguridad jurídica por el doloso cambio normativo que desde 2010 viene expropiando a más de 60.000 inversores españoles.
La violencia doméstica hacia l@s pioner@s inversorxs del país no es tolerada puertas afuera, volviendo a fallar los tribunales internacionales a favor de los fondos extranjeros perjudicados.
Inseguridad jurídica a la hora de firmar contratos de energía a plazo con las instituciones debida al precedente de retroactividad aplicada por el Estado a más de 60.000 productores fotovoltaicos.