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Tras casi 4 años en sus cajones, el Gobierno Vasco se apresura a dar cerrojazo a Ley para desplegar renovables obstaculizando la participación con espuertas de documentación plagada de errores.
El informe World Energy Transitions Outlook de IRENA pide adiciones anuales de energía renovable de 1000 GW para 2030 para mantener el objetivo climático de 1,5° C.
En liquidación 4/2023 del sector eléctrico se ha producido desviación transitoria de +3.327,770 millones de euros. Los ingresos liquidables gasistas son un 9,8% inferiores a los del mismo periodo del ejercicio anterior.
Formaciones incluso de las antípodas ideológicas coinciden en apostar por modelos energéticos que primen el autoconsumo de proximidad y autárquico... o todo lo contrario.
Tras lograr reconocimiento del CIADI por la vulneración del Reino Español del Tratado de la Carta de la Energía, avezados equipos jurídicos valorarían tomar posiciones en activos renovables de afectados discriminados por razón de nacionalidad.
El diario Expansión publica alarmista titular sobre posibilista expropiación de 3.000 millones de Euros basado ahora en un «reciente» informe del 11 de mayo por la CNMC.
La tarifa eléctrica debería ser progresiva y responder al pago por uso con un suministro de electricidad 100% renovable para fomentar el consumo responsable y garantizar un mínimo energético vital.
Instalados en 44 Centros de Salud, proporcionarán una potencia de 1,3 Megavatios, reducción del 35% en el consumo de electricidad de red y ahorro de 350.000 €/año. Ha supuesto inversión de 1,7 millones €, con apoyo económico de la UE.
