Los agentes podrán indicar en qué nudos están interesados, con qué tecnología quieren concursar, si son proyectos de nueva creación o ampliaciones, o si son de I+D+i o hibridados, entre otros elementos.
El Real Decreto-ley 8/2023, publicado el pasado 28 de diciembre, introduce nuevas medidas relevantes para el sector eléctrico en cuanto a procedimientos, condiciones y asignación de capacidades de los nodos.
Por la fallida iniciativa privada de ACS los consumidores de gas pagarán 1.350 millones de € durante 30 años. El affaire Alimotz, de la privatizada Red Eléctrica Española, ya acumula 3.100 millones de €.
Ferrovial u otras multinacionales de tal condición podrían asomarse ahora a tan apetecible bocado cuyo presupuesto inicial de 1950 millones se ha incrementado hasta los 3.100 millones de Euros.
Un contínuo afloramiento de costes por el cable submarino agudiza la percepción de riesgo para inversiones en macroinstalaciones renovables posicionadas al albur del pelotazo verde y de contribuyentes que atisban cargar con otro Castor.
Colectivos de afectados por el proyecto tanto en suelo vasco como francés se concentraban en distintos puntos de la costa, en concreto, en los lugares por donde el enorme cable de muy alta tensión entraría en el mar a ambos lados de la frontera.
Roturas de gasoductos en el mar Báltico, colapso nuclear francés, cortes en cables eléctricos submarinos... evidencian la fragilidad de estructuras diseñadas en todos sus niveles para hacer de la dependencia vasallaje.
Macro-proyectos de interconexiones continuan apostando por red gilipollas en detrimento de la generación distribuida km.0 que podría aportar modelo descentralizado apoyado en comunidades energéticas.
Instrumento clave con el que se desarrollarán las infraestructuras eléctricas necesarias para seguir garantizando un suministro seguro e impulsar el proceso de transición ecológica para que en 2026 las energías renovables supongan el 67 % del mix.
