Las Asociaciones fotovoltaicas piden que se dejen sin efecto las suspensiones cautelares sobre los productores fotovoltaicos expedientados, para evitar una situación dramática mientras se resuelve su expediente.
La existencia del típico contrato llave en mano entre promotor y productor fotovoltaico no es tenido en cuenta a la hora de perseguir el fraude fotovoltaico. Bajo esta regla de persecución no es de extrañar que haya fraude en el sector fotovoltaico.
Es de criticar la actitud de la CNE al ofrecer unos datos de inspección y de fraude que no concuerdan con la realidad, absteniéndose de ofrecer información alguna sobre las causas de la suspensiones cautelares del pago de las primas.
La labor de inspección del Fraude fotovoltaico por parte de la CNE ya alcanza a 2.021 instalaciones, no habiendo acreditado el cumplimiento 651 instalaciones fotovoltaicas en total.
La Dirección General de Energía puede instar a la CNE a efectuar las inspecciones que considere necesarias, inspecciones que la Comisión puede también hacer de oficio. El Tribunal Supremo señala que es ajustada a derecho.
Somos muchos los que nos resistimos a creer que ese porcentaje de inspección de fraude se haya realizado con el 100% de expedientes, sino con los más sospechosos.
Los resultados de los datos de inspección que ofrece la CNE son alarmantes: De 9041 instalaciones fotovoltaicas investigadas 840 renunciaron a cobrar la tarifa, y de 1001 instalaciones analizadas 350 son fraudulentas.
Tras la labor de inspección de la empresa TRAGSATEC de las plantas fotovoltaicas acogidas al Real Decreto 661/2007, la CNE ha remitido las Actas de Inspección al MITyC para su valoración correspondiente.
Resulta paradójico que se obligue al productor fotovoltaico inscrito en el RIPRE que demuestre su legalidad cuándo la Comunidad Autónoma competente «le galardonó» en su día con todos los permisos y autorizaciones correspondientes.
La CNE ha remitido Listados de Inspección a todos los agentes comercializadores de plantas fotovoltaicas «sospechosas de fraude» para que recaben la documentación que se les solicita.
