Nuevo marco normativo para el sector de la energía solar fotovoltaica en España. CORREGIDA CONFORME AL: -BOE núm. 251. DE 17 DE OCTUBRE DE 2008. -ORDEN ITC/82/2009 DE 30 DE ENERO
El propio Plan de Energias Renovables 2011-2020 reconoce que la razón por la que España perdió su liderazgo Mundial en fotovoltaica se debió al cambio de regulación bajo el premeditado y paralizante Real Decreto 1578/08.
El MITyC quiere acabar con la fotovoltaica aplicando las horas del PER 2005-2010 no solo a las instalaciones acogidas al RD 661/2007, si no también a las del RD 1578/2008. Asimismo quieren reducir un 65% las tarifas de Suelo.
Un paseo por la normativa solar española: Desde el año 1980 en la que se promulgó la Ley 82/1980 de Conservación de la Energía, hasta el 26 de septiembre de 2008, fecha en la que se promulgó el actual Real Decreto 1578/2008.
Hoy día 6 de agosto de 2010 se ha publicado el Real Decreto Antifraude o de Trazabilidad. Las plantas 'irregulares' podrán acogerse al RD 1578 si se adhieren a la amnistía antes del 7 de ocubre de 2010.
Se adjunta Borrador del futuro Real Decreto contra el Fraude, el cual tiene por objeto regular la liquidación de las instalaciones fotovoltaicas acogidas a los Reales Decretos 661/2007 y 1578/2008.
Los abogados de Plataforma Legal Fotovoltaica, recurrirán todas las limitaciones de horas de producción generales y zonales que recoge el Real Decreto Ley 14/2010 que afectan a TODAS las plantas fotovoltaicas.
Tras la esperada reforma del Real Decreto 1578/08, sorprende conocer algunas de las modificaciones que se están barajando como la que afecta a los invernaderos fotovoltaicos dificultándoles el acceso al Tipo I.1.
Así de claro y contundente se expresó D. Antonio Hernandez García en la cláusura de la Presentación del Informe APPA - Deloitte del estudio Macroeconómico en relación al impacto de las Energías Renovables en la Economía Española.
Son muchos los promotores fotovoltaicos afectados por el artículo 8.2 del Real Decreto 1578/2008. Veamos en este caso como Promein abogados y el Tribunal Supremo quita la razón al Ministerio de Industria y al Tribunal Superior de Justicia de Madrid