Ayer en la intervención del Ministro Soria en la Sexta quedó patente la confusión a la que el Gobierno está llevando a la ciudadanía con los mal llamados incentivos o primas a las renovables.
En primer lugar y a los efectos de que quede claro, hemos de decir que cada tecnología tiene unos costes diferenciados para generar un kWh y eso siempre ha sido conocido por el Gobierno y por la industria.
Los productores de energías renovables no hemos estado recibiendo nada que no sean los costes previstos por el Gobierno y por la reglamentación para producir un kWh en fotovoltaica, eólica, cogeneración, etc.
Con esos costes previstos por kWh y publicados en el BOE se hicieron las inversiones correspondientes que ahora pretenden expoliar.
Ninguna empresa productora de energías renovables está recibiendo ningún incentivo, prima o subvención, solo recibe lo que cuesta producir esa energía con cada tecnología.
No pueden llamar incentivos o primas a la diferencia entre un dudoso precio de mercado eléctrico diario y el coste a pagar por producir energías renovables con tecnologías novedosas.
Los incentivos o primas se pagan por cumplir unos objetivos que sobrepasen una productividad mínima pactada y ese no es el caso con los importes que reciben los productores de energías renovables.
El Gobierno al recortar los ingresos que cubren los costes de producir las energías renovables lo que está haciendo, con todo conocimiento, es provocar la inviabilidad de las inversiones realizadas en su día por los productores que confiaron en la seriedad de un Estado.
Los costes de producir un kWh sea cual sea la tecnología tienen que quedar reflejados en los costes de generación y no en la parte de peajes, como si fueran una dádiva por producir energías renovables.
Ningún Gobierno español ha dado ningún incentivo a las renovables por producir energía limpia.
No ha salido ni un solo euro de los presupuestos generales del Estado por la transición de una matriz energética basada en combustibles fósiles y nuclear a una matriz con energías renovables.
El dinero de estas políticas ha salido del bolsillo de los consumidores de energía y los costes de las decisiones políticas tienen que ser asumidas por el Estado. El Estado en lugar de aportar dinero por el cambio a las energías renovables ha recibido importantes cantidades en impuestos a la generación y al consumo de electricidad que se han ido incrementando año tras año, haciendo insoportable por parte de los consumidores el pago de la factura eléctrica y recortando los ingresos netos a los productores de energías renovables haciendo, por tanto, inviables las inversiones.
El caso de arbitraje entre RWE y España, que se inició en diciembre de 2014, ha sido objeto de atención internacional. La sentencia original, publicada en 2019, impuso a España el pago de 28 millones de euros en compensación por cambios legislativos
Los proyectos de capacitación podrán estar dirigidos a personas desempleadas, trabajadoras y emprendedoras.
