SueloSolar
24-3-2014
Ruth Simón Fermosell
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Un nutrido grupo de expertos en energía respalda la Iniciativa Legislativa Popular promovida por ASECE para realizar una auditoría del déficit de tarifa eléctrico.

Más de 100 personas asistieron a la presentación el 20 de marzo en el Ateneo de la ILP, que fue seguida en streaming por medio millar de internautas. La iniciativa fue apoyada por Productores, consumidores y ecologistas.


El salón de actos del Ateneo de Madrid se llenó el jueves, 20 de marzo, con más de un centenar de ciudadanos que no quisieron perderse la presentación en sociedad de la Iniciativa Legislativa Popular impulsada por la Asociación Española para la Calidad en la Edificación (ASECE) para realizar una auditoría de costes que cuantifique objetivamente el importe total del denominado déficit de tarifa del sector eléctrico, que el Gobierno cifra en más de 30.000 millones de euros. Todos los ciudadanos pueden firmar a favor de esta iniciativa en  www.quieroauditoriaenergetica.org

El acto, que fue seguido en streaming por más de medio millar de internautas, fue inaugurado por Sergio Muñoz García, vicepresidente de ASECE, quien explicó de qué manera una asociación que vela por la calidad en la edificación ha acabado tan implicada en el sector energético.

Muñoz afirmó que ASECE vio una oportunidad de negocio para sus asociados cuando el Gobierno publicó el Real Decreto que establecía el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios. Los técnicos de la asociación comenzaron a estudiar un sector en el que, de inmediato, vieron que sucedían -cosas muy raras-.

Fruto de ese estudio de este segmento de actividad, ASECE se percató de las deficiencias de funcionamiento del sector eléctrico y, puesto que -tal y como afirmó Muñoz-, -en la asociación somos personas de acción, decidimos presentar la ILP que hoy presentamos para comprobar si el déficit de tarifa que nos cuestan es cierto o no-.

Fuente Imagen: ÓSCAR BEJARANO

Respaldo de los expertos

Tras la bienvenida del vicepresidente de ASECE, varios reputados expertos en el sector energético expresaron sus opiniones sobre el funcionamiento de esta industria y apoyaron sin fisuras la ILP como una herramienta para aportar transparencia a un segmento económico tradicionalmente opaco.

El encargado de abrir la ronda de intervenciones fue Javier García-Breva, experto en política energética y presidente de N2E. En su opinión, la ILP promovida por ASECE -es la mejor respuesta al déficit democrático con el que se está desarrollando la reforma energética impulsada por el Gobierno del Partido Popular, que camina entre la estupidez y el oscurantismo-.

Precisamente sobre ese oscurantismo intentó arrojar luz otro de los ponentes que participó en el evento, Jorge Morales de Labra, ingeniero industrial, experto en energía, director general de GeoAtlanter y representante en el acto de Plataforma por un Nuevo Modelo Energético (PX1NME).

Morales de Labra explicó magistralmente cuál es el origen del denominado déficit de tarifa y e hizo un repaso de las consecuencias que este concepto tienen en la factura que pagan los consumidores. -Casi el 10% de nuestro recibo de la luz se destina a pagar costes pasados sin auditar los reconocidos por los Gobiernos a las eléctricas-, denunció.

Además, el experto en renovables puso sobre la mesa algunos datos sobre el sector energético que suelen pasar desapercibidos, entre los que destacó los costes ocultos del sistema. -La compra de combustibles fósiles al exterior nos cuesta 7,5 veces más que las primas a las renovables-, subrayó Morales de Labra, quien además apostó por la generación distribuida y denunció la forma en la que el Gobierno penaliza este concepto aun sabiendo que las pérdidas de potencia -generan unas pérdidas de unos 1.200 millones de euros anuales-.

Por su parte, Juan Castro Gil secretario general de la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (Anpier) explicó a asistentes e internautas que los diferentes Gobiernos han legislado para intentar que la generación de electricidad -continuara siendo cosa de unas pocas grandes corporaciones-.

Castro Gil hizo un repaso a las diferentes normas publicadas en España para tratar de -frenar la democratización de la producción eléctrica-, llegando incluso a poner un -impuesto al sol, lo que ha dejado ojiplática a toda Europa-.

El secretario general de Anpier, abogado de profesión, concluyó su intervención apoyando la ILP promovida por ASECE y puso sobre la mesa el concepto latino Cui prodest (¿quién se beneficia?) de que no se conozcan con exactitud cuáles son los costes reales del sistema y, consecuentemente, si el déficit de tarifa aceptado oficialmente es cierto o no. Además, Castro Gil denunció la existencia de las puertas giratorias entre la Administración y el sector energético, muchas de cuyas empresas han incorporado recientemente altos cargos políticos a sus Consejos de Administración.

Consumidores

Las asociaciones de consumidores no quisieron dejar pasar la oportunidad de apoyar la ILP impulsada por ASECE y pusieron el acento en las implicaciones que el déficit de tarifa tiene en las economías domésticas. En este sentido, Francisco Valverde, presidente de la Asociación Nacional de Ahorro y Eficiencia Energética (ANAE), recalcó que por culpa del déficit de tarifa del sector eléctrico, cada consumidor debe alrededor de 1.000 euros.

Por su parte, la vicepresidenta de la Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU), Ana Echenique, quien lamentó que la Administración no cumpla ni haga cumplir los derechos de los consumidores recogidos en la legislación española, incluida la Constitución, y entonó el mea culpa en lo que a la falta de vigilancia de los ciudadanos hacia las empresas se refiere.

Ecologistas

El turno de las organizaciones en defensa de la naturaleza llegó de la mano del responsable del Área de Energía y Cambio Climático en Greenpeace España, José Luis García Ortega, quien aprovechó su intervención para presentar públicamente el informe -Atrapados en el pasado-, en el que la entidad explica por qué -las grandes eléctricas temen el cambio-.

Entre esos motivos, García Ortega destacó que entre 2002 y 2011 los operadores han realizado inversiones millonarias en centrales térmicas de gas, que ahora, con el descenso de la demanda provocado por la crisis, no son necesarias en un sistema que, como el español, tiene un exceso de generación.

Sin embargo, las eléctricas deben amortizar esas inversiones, por lo que hacen todo lo que está en su mano para mantener los elevados precios de la energía e impedir la entrada en el mercado de las tecnologías renovables, que han demostrado ser más baratas.

Trámite parlamentario

El presidente de la Asociación Española para la Calidad en la Edificación, Adrián Sánchez Molina, intervino en el acto para agradecer a los asistentes la masiva respuesta a la convocatoria lanzada por ASECE, así como a quienes siguieron el evento a través de internet.

Sánchez Molina agradeció el apoyo de quienes apoyan la ILP para pedir una auditoría del déficit de tarifa eléctrico, tanto a título personal como desde el ámbito asociativo. El presidente de ASECE se mostró confiado en conseguir las 500.000 firmas que se requieren para que la Iniciativa Legislativa Popular se tramite como Proposición de Ley en las Cortes.

A pesar de que reconoció que todo parece indicar que la mayoría parlamentaria del Partido Popular -haga difícil que la iniciativa prospere-, reivindicó la importancia de la ILP como un instrumento de -concienciación social- que sirva para abrir los ojos a la sociedad y generar un debate democrático acerca de los verdaderos costes del sistema eléctrico.

Elpidio José Silva apoya la ILP de ASECE

La clausura del acto corrió a cargo de Elpidio José Silva, magistrado titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, escritor y profesor de Derecho Administrativo. Silva analizó el sistema eléctrico a través del tamiz de sus conocimientos y experiencia y ofreció a la audiencia unas conclusiones especialmente interesantes.

En su opinión, el hecho de que en determinado momento el Estado dijera que la electricidad no es un servicio público hace que deje de serlo, por lo que la Administración debe establecer los mecanismos necesarios para garantizar que ese se preste a los ciudadanos en condiciones de transparencia, equidad y justicia. Además, como servicio público que es, -la luz no se puede cortar-, destacó el juez. -Si no se paga habrá que ver qué se hace después pero la luz no se puede cortar-, añadió.

Silva arremetió además contra el sinsentido del propio concepto de déficit de tarifa, pues resulta incomprensible que tras pagar durante años por un determinado servicio el prestador del mismo reivindique ahora cantidades pendientes. -El precio es liberatorio, y si en un momento pagamos algo parece que no tiene mucho sentido que después se nos reclame una supuesta deuda-.

Imagen: ÓSCAR BEJARANO

En cualquier caso, Silva defendió la ILP impulsada por ASECE e ironizó sobre la oportunidad de emprender este camino. -No creo que sea necesario, porque parece lógico pensar que si pedimos a un acreedor (en este caso las corporaciones eléctricas) que acredite y justifique el origen y la cuantía de la deuda que tenemos contraída con él, nos facilitará esos datos de forma inmediata-, afirmó.

En cuanto al cálculo del déficit, Silva consideró que es -intolerable- que no se haya realizado una auditoría de la deuda y calificó el precio de la energía como -precio totalitario-. -La concreción de una deuda no puede quedar al arbitrio de una de las partes. Si es así no estamos hablando de Derecho, estamos en otra cosa-, explicó el magistrado quien añadió que -no se puede aceptar un precio impuesto de un entramado de empresas que lo imponen mediante un proceso que habría que analizar profundamente-.

En opinión de Elpidio José Silva, las eléctricas deberían hacer un ejercicio de transparencia y ofrecer esos datos para facilitar el cobro de esa supuesta deuda y para que, de paso, su reputación corporativa no se vea afectada por su negativa a colaborar en el proceso de cálculo de los verdaderos costes del sistema.

Por otro lado, Silva ha animado a los consumidores a -actuar- ante esta situación de abuso de ciertas compañías. -Generar plataformas, asociaciones como ASECE, colectivos ciudadanos es la clave puesto que el Estado no da una solución y tiene una lógica terrible-, apuntó el magistrado.

Sobre la ILP para pedir una auditoría del déficit de tarifa eléctrico

La Asociación Española para la Calidad en la Edificación (ASECE) ha presentado una Iniciativa Legislativa Popular en la que solicita que se instrumente un marco legal mediante el cual se determine con precisión en qué consiste el déficit de tarifa eléctrico y se aclaren cuáles son los verdaderos costes de producción del sistema.

La ILP ha sido recientemente aprobada por Congreso y Senado y en este momento se encuentra en pleno proceso de recogida de firmas. Se necesitan 500.000, que deben obtenerse hasta el mes de noviembre, para que la iniciativa se tramite como Proposición de Ley.

Para más información sobre la iniciativa dirijase a este enlace.

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